Diario Oficial de la Federación (2024)

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Instituto Nacional Electoral.- Consejo General.- INE/CG2129/2024.

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE EFECTÚA EL CÓMPUTO TOTAL, SE DECLARA LA VALIDEZ DE LA ELECCIÓN DE DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL Y SE ASIGNAN A LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES ACCIÓN NACIONAL, REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, DEL TRABAJO, VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, MOVIMIENTO CIUDADANO Y MORENA, LAS DIPUTACIONES QUE LES CORRESPONDEN PARA EL PERIODO 2024-2027

La presente determinación asigna las diputaciones por el principio de RP, tomando en consideración la fórmula establecida en la LGIPE, así como lo dispuesto en el "Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se determina el mecanismo para la aplicación de la fórmula de asignación de las curules y los escaños por el principio de Representación Proporcional en el Congreso de la Unión, que correspondan a los Partidos Políticos Nacionales con base en los resultados que obtengan en la Jornada Electoral a celebrarse el dos de Junio de dos mil veinticuatro" (INE/CG645/2023), para quedar como sigue:

ANTECEDENTES

REFORMA EN MATERIA DE PARIDAD Y VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES EN RAZÓN DE GÉNERO

I.Reforma en materia de paridad transversal. El seis de junio de dos mil diecinueve, fue publicado en el DOF el Decreto por el que se reforman los artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115 de la CPEUM, en materia de Paridad entre Géneros, conocida como paridad en todo o paridad transversal.

II.Reforma en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. El trece de abril de dos mil veinte, fue publicado en la edición vespertina del DOF el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de la LGIPE, de la LGSMIME, de la LGPP, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

III.Lineamientos en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. El veintiocho de octubre de dos mil veinte, en sesión ordinaria del Consejo General, se aprobaron los "Lineamientos para que los Partidos Políticos Nacionales y, en su caso, los Partidos Políticos Locales, prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género", con clave INE/CG517/2020, publicados en el DOF el diez de noviembre de dos mil veinte.

PREPARACIÓN DE LA ELECCIÓN

IV.Demarcación territorial de las cinco circunscripciones electorales plurinominales federales. El veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, en sesión extraordinaria, se emitió el "Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la demarcación territorial de las cinco Circunscripciones Electorales Plurinominales federales en que se divide el país y la capital de la entidad federativa que será cabecera de cada una de ellas, a propuesta de la Junta General Ejecutiva", identificado con clave INE/CG130/2023, publicado en el DOF el veintinueve de marzo de dos mil veintitrés.

V.Calendario y Plan integral del PEF. El veinte de julio de dos mil veintitrés, en sesión extraordinaria, se emitió el "Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba el Calendario y Plan Integral del PEF 2023-2024, a propuesta de la Junta General Ejecutiva", con clave INE/CG441/2023.

VI.Marco Geográfico Electoral. El veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, en sesión ordinaria, se emitió el "Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba el Marco Geográfico Electoral que se utilizará en los Procesos Electorales Federal y Locales 2023-2024, así como en los procesos electorales extraordinarios que, en su caso, tengan lugar en 2024", identificado con la clave INE/CG518/2023, publicado en el DOF el veintiocho de septiembre del mismo año.

VII.Inicio del PEF. El siete de septiembre de dos mil veintitrés, en sesión extraordinaria del Consejo General, se dio inicio al PEF 2023-2024 de acuerdo con lo establecido por los artículos 40, párrafo 2, y 225, párrafo 3, de la LGIPE.

VIII.Aprobación de diseño de boletas y documentación electoral. El ocho de septiembre de dos mil veintitrés, en sesión extraordinaria, se validó el "Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban el diseño y la impresión de la boleta y demás documentación electoral con emblemas para el Proceso Electoral Federal 2023-2024, así como las modificaciones al Reglamento de Elecciones y su anexo 4.1 y 5", identificado con la clave INE/CG529/2023.

IX.Impugnación del Acuerdo INE/CG529/2023. El doce de septiembre de dos mil veintitrés, Movimiento Ciudadano presentó demanda a fin de controvertir el Acuerdo INE/CG529/2023, la cual fue recibida por la Sala Superior del TEPJF y que se integró en el expediente SUP-RAP-211/2023.

X.Sentencia del expediente SUP-RAP-211/2023. El veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, la Sala Superior del TEPJF resolvió confirmar el acuerdo impugnado.

XI.Aprobación de los modelos definitivos de la documentación electoral. El veintisiete de febrero de dos mil veinticuatro, en sesión ordinaria, se emitió el "Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los modelos definitivos de la documentación electoral con emblemas del Proceso Electoral Federal 2023-2024, derivadas del registro de las coaliciones ´Fuerza y Corazón Por México´ y ´Sigamos Haciendo Historia´, así como de candidaturas independientes", identificado como INE/CG220/2024.

XII.Aprobación de boletas electorales adicionales para la elección de senadurías. El veintisiete de marzo de dos mil veinticuatro, en sesión ordinaria, se aprobó el "Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba el número adicional de boletas electorales para las elecciones de Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos y Senadurías que se imprimirán para que las mexicanas y los mexicanos residentes en el extranjero emitan su voto en el Proceso Electoral Federal 2023-2024, así como su resguardo y destrucción en los términos del Libro Sexto de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales", identificado con la clave INE/CG329/2024, publicado en el DOF el quince de abril de dos mil veinticuatro.

ELECCIÓN CONSECUTIVA

XIII.Lineamientos elección consecutiva. El veinte de septiembre de dos mil veintitrés, en sesión ordinaria del Consejo General, se aprobaron los "Lineamientos sobre Elección Consecutiva para Senadurías y Diputaciones Federales por ambos principios, para el Proceso Electoral Federal 2023-2024", mediante Acuerdo con clave INE/CG536/2023, publicados en el DOF el dos de noviembre del mismo año.

XIV.Impugnación al Acuerdo INE/CG536/2023. El veintidós, veintitrés, veinticuatro y veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, diversos PPN y personas ciudadanas presentaron demandas para controvertir el Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos sobre elección consecutiva, lo que recayó en el expediente SUP-JDC-427/2023 y acumulados.

XV.Sentencia del expediente SUP-JDC-427/2023 y acumulados. El once de octubre de dos mil veintitrés, la Sala Superior del TEPJF resolvió modificar el Acuerdo impugnado, para dejar sin efectos el tercer párrafo del artículo 15 de los Lineamientos controvertidos, al ser sustancialmente fundado lo alegado.

COALICIONES Y ACUERDOS DE PARTICIPACIÓN

XVI.Instructivo para formar Coaliciones. El veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, en sesión extraordinaria del Consejo General, se aprobó el "Instructivo que deberán observar los Partidos Políticos Nacionales que busquen formar coaliciones para la elección de la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, Senadurías y Diputaciones por el principio de Mayoría Relativa, en sus diversas modalidades, para el Proceso Electoral Federal 2023-2024", mediante Acuerdo identificado con la clave INE/CG553/2023, publicado en el DOF el cuatro de diciembre de dos mil veintitrés.

El citado Acuerdo establece que las solicitudes de registro de convenios de coalición y acuerdos de participación deberán presentarse a más tardar el cinco de noviembre de dos mil veintitrés.

XVII.Modificación de la fecha para la presentación de solicitudes de registro. El doce de octubre de dos mil veintitrés, en sesión extraordinaria, el Consejo General aprobó el Acuerdo INE/CG563/2023, mediante el cual acató la sentencia de la Sala Superior del TEPJF en el expediente SUP-RAP-210/2023, por el que, entre otras cuestiones, modificó el plazo de presentación de solicitudes de registro de convenios de coalición y acuerdos de participación para que fuera a más tardar el veinte de noviembre de dos mil veintitrés.

XVIII.Aprobación de los Acuerdos de Participación. El siete de diciembre de dos mil veintitrés, en sesión extraordinaria del Consejo General, se aprobaron las Resoluciones identificadas con clave INE/CG652/2023, INE/CG653/2023, INE/CG654/2023 y INE/CG655/2023, relativas a las solicitudes de registro de los Acuerdos de Participación suscritos por morena y las Agrupaciones Políticas Nacionales denominadas "Humanismo Mexicano", "Que Siga la Democracia", "Pueblo Republicano Colosista" y "Movimiento Nacional por un Mejor País", para contender en el PEF 2023-2024.

XIX.Aprobación de los Convenios de Coalición. El quince de diciembre de dos mil veintitrés, en sesión ordinaria del Consejo General, se aprobaron las Resoluciones identificadas con las claves INE/CG679/2023 e INE/CG680/2023, relativas a la procedencia del registro de los Convenios de las Coaliciones "Sigamos Haciendo Historia", presentado por el PT, el PVEM y morena, y "Fuerza y Corazón por México", suscrito por el PAN, el PRI y el PRD; publicadas en el DOF el nueve y doce de febrero de dos mil veinticuatro, respectivamente.

XX.Impugnación de la Resolución INE/CG679/2023. El diecinueve de diciembre de dos mil veintitrés, el PAN y el PRD, inconformes con la Resolución señalada, interpusieron recursos de apelación, mismos que fueron radicados en la Sala Superior del TEPJF con los números de expediente SUP-RAP-392/2023 y SUP-RAP-393/2023, respectivamente.

XXI.Impugnación de la Resolución INE/CG680/2023. El diecinueve y veinte de diciembre de dos mil veintitrés, los partidos locales Fuerza por México en Guerrero, Nayarit, Colima, Puebla, Zacatecas, Baja California y Veracruz inconformes con la Resolución señalada, interpusieron recursos de apelación, mismos que fueron radicados en la Sala Superior del TEPJF, con números de expediente SUP-RAP-396/2023, SUP-RAP-397/2023, SUP-RAP-398/2023, SUP-RAP-399/2023, SUP-RAP-400/2023, SUP-RAP-401/2023 y SUP-RAP-15/2024, respectivamente.

XXII.Primera solicitud de modificación al Convenio de la Coalición denominada "Sigamos Haciendo Historia". El diecinueve de diciembre de dos mil veintitrés, el PT, el PVEM y morena, mediante escrito sin número, signado por las personas ciudadanas legalmente acreditadas, solicitaron el registro de una primera modificación al Convenio de Coalición aprobado y registrado mediante Resolución INE/CG679/2023.

XXIII.Sentencia del expediente SUP-RAP-392/2023 y acumulado. El diez de enero de dos mil veinticuatro, la Sala Superior del TEPJF confirmó la Resolución del Consejo General identificada con la clave INE/CG679/2023.

XXIV.Primera modificación del Convenio de la Coalición denominada "Sigamos Haciendo Historia". El once de enero de dos mil veinticuatro, en sesión extraordinaria del Consejo General, fue aprobada la Resolución con clave INE/CG04/2024, respecto a la solicitud de registro de la modificación del Convenio de la Coalición denominada "Sigamos Haciendo Historia". La resolución radica en la incorporación de cuatro formulas en el anexo SENADURÍAS, referido en su cláusula SÉPTIMA, para postular así de manera conjunta 52 fórmulas de candidaturas a senadurías por el principio de MR, quedando con 255 fórmulas de candidaturas a diputaciones por el principio de MR.

XXV.Sentencia del expediente SUP-RAP-396/2023 y acumulado. El treinta y uno de enero de dos mil veinticuatro, la Sala Superior del TEPJF confirmó la Resolución INE/CG680/2023.

XXVI.Solicitud de modificación al Convenio de la Coalición denominada "Fuerza y Corazón por México". El catorce de febrero de dos mil veinticuatro, mediante escrito sin número, los Representantes Propietarios del PAN, del PRI y del PRD ante el Consejo General, solicitaron el registro de la modificación al Convenio de Coalición aprobado y registrado mediante Resolución INE/CG680/2023.

XXVII.Segunda solicitud de modificación al Convenio de la Coalición denominada "Sigamos Haciendo Historia". El catorce de febrero de dos mil veinticuatro, el PT, el PVEM y morena, mediante escrito sin número, signado por las personas ciudadanas legalmente acreditadas, solicitaron el registro de una segunda modificación al Convenio de Coalición.

XXVIII.Modificación del Convenio de la Coalición denominada "Fuerza y Corazón por México". El veintiuno de febrero de dos mil veinticuatro, en sesión extraordinaria del Consejo General, fue aprobada la Resolución con clave INE/CG165/2024, respecto a la solicitud de registro de la modificación del Convenio de la Coalición denominada "Fuerza y Corazón por México". La Resolución radica en adecuaciones a las cláusulas DÉCIMO PRIMERA, DÉCIMO SEGUNDA, DÉCIMO TERCERA y DÉCIMO OCTAVA, así como la adición y la modificación de las fórmulas en el anexo denominado "SIGLADO", referido en su cláusula SEXTA, para postular de manera conjunta 60 fórmulas de candidaturas a senadurías por el principio de MR, y 294 fórmulas de candidaturas a diputaciones federales por el principio de MR.

XXIX.Segunda modificación del Convenio de la Coalición denominada "Sigamos Haciendo Historia". El veintiuno de febrero de dos mil veinticuatro, en sesión extraordinaria del Consejo General, fue aprobada la Resolución con clave INE/CG164/2024 respecto a la solicitud de registro de la modificación del Convenio de la Coalición denominada "Sigamos Haciendo Historia". La resolución radica en el retiro, la adición y la modificación de las fórmulas en los anexos SENADURÍAS y DIPUTACIONES, referido en su cláusula SÉPTIMA, para postular así de manera conjunta 40 fórmulas de candidaturas a senadurías por el principio de MR, y 260 fórmulas de candidaturas a diputaciones por el principio de MR.

REGISTRO Y SUSTITUCIONES DE CANDIDATURAS

XXX.Criterios para el registro de candidaturas. El ocho de septiembre de dos mil veintitrés, en sesión extraordinaria del Consejo General, se emitió el "Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se emiten los criterios aplicables para el registro de candidaturas a los distintos cargos de elección popular que soliciten los Partidos Políticos Nacionales y, en su caso, las coaliciones ante los Consejos del Instituto en el Proceso Electoral Federal 2023-2024", identificado con la clave INE/CG527/2023, publicado en el DOF el cuatro de octubre de dos mil veintitrés, el cual fue impugnado por diversa ciudadanía y por el PT.

XXXI.Sentencia del TEPJF relativa a los criterios aplicables para el registro de candidaturas. El quince de noviembre de dos mil veintitrés, la Sala Superior del TEPJF dictó sentencia en el expediente SUP-JDC-338/2023 y acumulados, mediante la cual determinó revocar el Acuerdo INE/CG527/2023 declarando, entre otros temas, la reviviscencia de las disposiciones que en materia de acciones afirmativas fueron aprobadas por el INE para el PEF 2020-2021.

XXXII.Acatamiento a la Sentencia. El veinticinco de noviembre de dos mil veintitrés, en sesión extraordinaria del Consejo General, se aprobó el "Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que, en acatamiento a la Sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en los expedientes SUP-JDC-338/2023 y acumulados, se emiten los Criterios Aplicables para el Registro de Candidaturas a los distintos cargos de Elección Popular que soliciten los Partidos Políticos Nacionales y, en su caso, las Coaliciones, ante los Consejos del Instituto en el Proceso Electoral Federal 2023-2024" con clave INE/CG625/2023, publicado en el DOF el ocho de enero de dos mil veinticuatro.

XXXIII.Impugnación al Acuerdo INE/CG625/2023. El Acuerdo fue controvertido por Fuerza Migrante A.C., así como por diversas personas ciudadanas, quedando radicadas en Sala Superior del TEPJF en los expedientes SUP-JDC-617/2023, SUP-JDC-640/2023, SUP-JDC-641/2023, SUP-JDC-644/2023, SUP-JDC-652/2023, SUP-JDC-657/2023, SUP-JDC-665/2023 y SUP-JDC-668/2023.

XXXIV.Sentencia del TEPJF relativa al expediente SUP-JDC-617/2023 y acumulados. El siete de diciembre de dos mil veintitrés, la Sala Superior del TEPJF confirmó en lo que fue materia de impugnación el Acuerdo controvertido.

XXXV.Registro de candidaturas a la Cámara de Diputadas y Diputados. El veintinueve de febrero de dos mil veinticuatro, en sesión especial del Consejo General, se aprobó el "Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que, en ejercicio de la facultad supletoria, se registran las candidaturas a diputadas y diputados al Congreso de la Unión por el principio de mayoría relativa, presentadas por los Partidos Políticos Nacionales y coaliciones con registro vigente, así como las candidaturas a diputadas y diputados por el principio de representación proporcional, con el fin de participar en el Proceso Electoral Federal 2023-2024", identificado con la clave INE/CG233/2024, en cuyo punto séptimo se requirió a los partidos políticos rectificar las solicitudes de registro precisadas en las consideraciones de dicho instrumento.

XXXVI.Sustituciones, cancelaciones y acatamientos de candidaturas. Los días doce, veintiuno y veintisiete de marzo; cuatro, once, catorce, dieciocho y treinta de abril; nueve, dieciséis y veintinueve de mayo; así como uno de junio de dos mil veinticuatro, el Consejo General aprobó los Acuerdos relativos a las sustituciones, cancelaciones y acatamientos del TEPJF respecto del registro de candidaturas a diputaciones por los principios de MR y RP, presentadas por los PPN y coaliciones.

MECANISMO DE ASIGNACIÓN DE RP

XXXVII.Aprobación del mecanismo de asignación de RP. El siete de diciembre de dos mil veintitrés, en sesión extraordinaria del Consejo General, se aprobó el "Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se determina el mecanismo para la aplicación de la fórmula de asignación de las curules y los escaños por el principio de Representación Proporcional en el Congreso de la Unión, que correspondan a los Partidos Políticos Nacionales con base en los resultados que obtengan en la Jornada Electoral a celebrarse el dos de Junio de dos mil veinticuatro", identificado con la clave INE/CG645/2023, publicado en el DOF el dieciséis de enero de dos mil veinticuatro.

XXXVIII.Solicitud de la DEPPP a la Unidad Técnica de Servicios de Informática. El quince de diciembre de dos mil veintitrés, la DEPPP solicitó a la Unidad Técnica de Servicios de Informática, generar el respaldo de las bases de datos que contienen los padrones de personas afiliadas a los PPN que obraban en el Sistema de Verificación del Padrón de Personas Afiliadas a los Partidos Políticos, a fin de que éste sirva como referencia para verificar la afiliación efectiva de las personas candidatas triunfadoras.

XXXIX.Solicitud de información a la Cámara de Diputadas y Diputados. El quince de diciembre de dos mil veintitrés, la Encargada de Despacho de la DEPPP, en atención a lo mandatado en el Acuerdo INE/CG645/2023, solicitó a la persona titular de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputadas y Diputados del Congreso de la Unión, a través del oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/04680/2023, remitiera la relación de diputaciones de la LXV Legislatura por grupo parlamentario, con corte al momento de la aprobación de los convenios de coalición.

XL.Respuesta de la Cámara de Diputadas y Diputados. El veintiuno de diciembre de dos mil veintitrés, la persona titular de la Dirección de lo Contencioso y Procedimientos Constitucionales y Delegado de la Cámara de Diputadas y Diputados del Congreso de la Unión, mediante oficio SSP/LXV/3.-11117/2023 remitió la relación de diputaciones de la LXV Legislatura por grupo parlamentario, con corte al quince de diciembre de dos mil veintitrés.

XLI.Certificación de padrones de afiliados. El cuatro de enero de dos mil veinticuatro, la DEPPP mediante oficio INE/DEPPP/DPPF/002/2024 formuló petición a la Oficialía Electoral de del INE para que certificará el dispositivo de almacenamiento (USB), el cual contiene la base de datos con los padrones de personas afiliadas a los PPN, con corte al quince de diciembre de dos mil veintitrés a las 17 horas.

XLII.Impugnación del mecanismo de asignación. El Acuerdo identificado como INE/CG645/2023 fue controvertido por el PAN y el PT, impugnaciones que fueron radicadas en la Sala Superior del TEPJF, con números de expediente SUP-RAP-385/2023 y SUP-RAP-386/2023, respectivamente.

XLIII.Sentencia del expediente SUP-RAP-385/2023 y acumulado. El trece de marzo de dos mil veinticuatro, la Sala Superior del TEPJF confirmó, en lo que fue materia de impugnación, el Acuerdo controvertido.

XLIV.Segunda solicitud de información a la Cámara de Diputadas y Diputados. El diez de junio de dos mil veinticuatro, la Encargada de Despacho de la DEPPP, en atención a lo mandatado en el Acuerdo INE/CG645/2023, a través del oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/3008/2024, solicitó a la persona titular de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputadas y Diputados del Congreso de la Unión, remitiera información relativa al grupo parlamentario de las personas candidatas y candidatos triunfadores que contendieron por la vía de la reelección y que no cuentan con afiliación efectiva, con corte al quince de febrero de dos mil veinticuatro.

XLV.Segunda respuesta de la Cámara de Diputadas y Diputados. El catorce de junio de dos mil veinticuatro, la persona titular de la Dirección de lo Contencioso y Procedimientos Constitucionales de la Cámara de Diputadas y Diputados del Congreso de la Unión, mediante oficio SSP/LXV/3.-13566/2024, remitió el listado de las personas legisladoras y el grupo parlamentario al que pertenecieron, con corte al quince de febrero de dos mil veinticuatro.

XLVI.Solicitud de información presentada por el PAN. El catorce de junio de dos mil veinticuatro, el Representante Propietario del PAN ante el Consejo General, mediante oficio RPAN-0866/2024, solicitó un informe detallado respecto de las fórmulas de Diputadas y Diputados federales que resultaron ganadoras en el marco del PEF 2023-2024, el cual incluyera, entre otros datos, lo relativo a la "afiliación partidista efectiva" de cada una de las fórmulas ganadoras.

XLVII.Respuesta a la solicitud del PAN. El diecisiete de junio de dos mil veinticuatro, la Encargada de la DEPPP, mediante oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/3071/2024, dio respuesta a la solicitud formulada por el PAN, puntualizando que la información proporcionada era de carácter preliminar y estrictamente informativa, toda vez que tuvo como base los cómputos realizados por los Consejos Distritales, sin contemplar los juicios de inconformidad y recursos de reconsideración que pudieran presentarse.

REGISTRO DE PLATAFORMAS ELECTORALES

XLVIII.Registro de las plataformas electorales de los PPN. El primero de febrero de dos mil veinticuatro, en sesión extraordinaria, el Consejo General aprobó los Acuerdos relativos al registro de las plataformas electorales presentadas por los PPN para contender en las elecciones de senadurías y diputaciones federales, sin mediar coalición, durante el PEF 2023-2024, identificadas con claves INE/CG76/2024, INE/CG77/2024, INE/CG78/2024, INE/CG79/2024, INE/CG80/2024, INE/CG81/2024 y INE/CG82/2024.

JORNADA ELECTORAL Y CÓMPUTOS

XLIX.Jornada electoral. El dos de junio de dos mil veinticuatro, se llevó a cabo la Jornada Electoral para elegir la Presidencia de la República, 128 senadurías y 500 diputaciones federales.

L.Informe sobre la realización y resultados de los cómputos. El nueve de junio de dos mil veinticuatro, en sesión extraordinaria, el Consejo General conoció el Informe que presenta la Secretaría Ejecutiva sobre la realización y los resultados de los cómputos de entidad federativa y de circunscripción plurinominal correspondientes a la elección de senadurías por el principio de MR y RP.

IMPUGNACIONES DE LOS CÓMPUTOS DISTRITALES Y LOCALES

LI.Impugnación de los cómputos distritales y locales. Inconformes con los resultados de los cómputos realizados en los Consejos Locales y Distritales, diversos PPN y personas ciudadanas interpusieron medios de impugnación para controvertir tales resultados.

LII.Sentencias del TEPJF en relación con los cómputos distritales. Las Salas Regionales y Superior modificaron los resultados de la elección de diputaciones, tanto de MR como de RP, y determinaron la recomposición de los cómputos respectivos.

RECEPCIÓN DE ESCRITOS DE CONSIDERACIONES Y MEDIOS DE IMPUGNACIÓN, EN MATERIA DE ASIGNACIÓN DE RP Y SOBRERREPRESENTACIÓN

LIII.Recepción de escritos de inconformidades y consideraciones en materia de asignación de diputaciones por RP. Entre el treinta y uno de mayo y veintiuno de agosto de dos mil veinticuatro, se turnaron a la DEPPP veintidós escritos presentados por diversas personas ciudadanas, con la finalidad de presentar inconformidades y consideraciones respecto al procedimiento de asignación de diputaciones de RP a favor de un sector poblacional, ello conforme se indica a continuación:

LIV.Recepción de escritos de inconformidades y consideraciones en materia de una posible sobrerrepresentación. Entre el dieciocho de julio y veintidós de agosto de dos mil veinticuatro, se turnaron a la DEPPP diversos grupos de escritos y correos electrónicos remitidos por personas ciudadanas, organizaciones de la sociedad civil y un PPN, con la finalidad de presentar inconformidades y consideraciones respecto de una posible sobrerrepresentación en la Cámara de Diputadas y Diputados, mismos que se detallan a continuación:

*Nota: Los correos electrónicos recibidos por las consejerías electorales del INE fueron remitidas a la DEPPP en la fecha en que se indica, por conducto de la Secretaría Ejecutiva del INE, para su conocimiento y seguimiento.

LV.Respuestas a escritos presentados en materia de asignación de diputaciones por RP. Entre el siete de junio y dieciséis de agosto de dos mil veinticuatro, la Secretaría Ejecutiva de este Instituto y la DEPPP dieron respuesta a catorce escritos presentados por diversas personas ciudadanas, con la finalidad de presentar inconformidades y consideraciones respecto al procedimiento de asignación de diputaciones de RP a favor de un sector poblacional, conforme a lo siguiente:

LVI.Presentación de medios de impugnación. Entre el veintiocho de junio y veinte de agosto de dos mil veinticuatro, se interpusieron cinco medios de impugnación ante la Sala Superior del TEPJF, a fin de controvertir cuestiones relacionadas con las respuestas emitidas por la Secretaría Ejecutiva de este Instituto y la DEPPP, tal como se detalla a continuación:

LVII.Recepción de escrito de solicitud de reconsideración de afiliación efectiva. El veintiuno de agosto de dos mil veinticuatro, se recibió en la Oficialía de Partes Común del INE un escrito signado por el Representante Propietario de morena ante este Consejo General, por el que solicita que se reconsidere la situación particular de una candidatura triunfadora por MR, para los efectos de la aplicación del mecanismo de diputaciones por el principio de RP.

LVIII.Recepción de escrito de solicitud de inelegibilidad de candidatura postulada por el principio de RP. El veintidós de agosto de dos mil veinticuatro, se recibió en la Oficialía de Partes Común del INE un escrito signado por una persona ciudadana, por el que solicita a esta autoridad electoral resuelva sobre la inelegibilidad de una persona candidata a una diputación por el principio de RP postulada por morena.

SOLICITUDES DE RESULTADOS DE LA VOTACIÓN A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL

LIX.Solicitud de estadística y resultados electorales. Mediante oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/02963/2024, del cinco de junio de dos mil veinticuatro, la encargada de la DEPPP solicitó al titular de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral la estadística y los resultados de la elección de diputaciones, conforme a los cómputos realizados en los Consejos Distritales, así como la información relativa a qué partido o coalición pertenece cada una de las diputaciones electas por el principio de MR; solicitud a la cual el nueve de junio de dos mil veinticuatro, mediante correo electrónico, el Director Ejecutivo de Organización Electoral, remitió los resultados de los cómputos realizados de las elecciones de diputaciones por los principios de MR y RP.

LX.Segunda solicitud de estadística y resultados electorales. El trece de agosto de dos mil veinticuatro, mediante oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/3619/2024, la encargada de la DEPPP solicitó al titular de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral la estadística y los resultados definitivos de la elección de diputaciones por el principio de RP, conforme a la recomposición de la votación realizada por el TEPJF, así como la información relativa a qué partido o coalición pertenece cada una de las diputaciones electas por el principio de MR.

En razón de lo anterior, el dieciséis de agosto de dos mil veinticuatro, la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral remitió parcialmente la información solicitada, mediante oficio INE/DEOE/2011/2024, adjuntando archivos electrónicos que contienen los resultados de los cómputos de la elección de diputaciones por el principio de MR y RP, con las afectaciones a la votación derivadas de las sentencias emitidas por las Salas del TEPJF, exceptuando ocho aclaraciones de sentencia pendientes por notificar por parte de la autoridad electoral jurisdiccional.

LXI.Tercera solicitud de estadística y resultados electorales. El dieciséis de agosto de dos mil veinticuatro, mediante oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/3676/2024, la encargada de la DEPPP reiteró la solicitud al titular de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral para que remitiera la estadística y los resultados definitivos de la elección de diputaciones por el principio de RP, conforme a la recomposición de la votación realizada por el TEPJF, así como la información relativa a qué partido o coalición pertenece cada una de las diputaciones electas por el principio de MR, incluyendo las aclaraciones de sentencias referidas en el antecedente anterior.

En respuesta, el diecisiete de agosto de dos mil veinticuatro, la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral remitió la información solicitada, a través del diverso INE/DEOE/2013/2024, adjuntando archivos electrónicos que contienen los resultados de los cómputos de la elección de diputaciones por el principio de MR y RP, con las afectaciones a la votación derivadas de las sentencias emitidas por las Salas del TEPJF, incluyendo las aclaraciones de sentencia que fueron notificadas por la autoridad electoral jurisdiccional.

Asimismo, el diecinueve de agosto de dos mil veinticuatro, mediante oficio INE/DEOE/2019/2024, la persona titular de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral aclaró que los archivos remitidos adjuntos a su similar INE/DEOE/2013/2024, contiene los resultados definitivos de los resultados de diputaciones electas por ambos principios.

LXII.Sesión de la CPPP. El veintiuno de agosto dos mil veinticuatro, en su séptima sesión extraordinaria urgente de carácter público, la CPPP aprobó el anteproyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se efectúa el cómputo total, se declara la validez de la elección de Diputaciones por el principio de RP y se asignan a los PPN Acción Nacional, Revolucionario Institucional, del Trabajo, Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano y morena, las diputaciones que les corresponden para el periodo 2024-2027.

Al tenor de los antecedentes que preceden; y a las siguientes:

CONSIDERACIONES

1.El esquema institucional para participar en procesos electorales y elegir a quienes ocupen cargos de elección popular dentro de los marcos constitucional y legal está basado en el sistema de partidos y, desde la reforma de 2012, cuenta también con la participación de candidaturas independientes, quedando afianzadas como uno de los puntos clave de la reforma constitucional en materia político-electoral de 2014. El sistema de partidos actualmente está conformado por siete institutos políticos registrados ante esta autoridad administrativa electoral, con el carácter de PPN, los cuales participaron en el PEF 2023-2024.

Atribuciones del INE

2.Los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafo primero de la CPEUM; 29, párrafo 1 y 31, párrafo 1, de la LGIPE, establecen que la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo denominado INE, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio. Como autoridad en la materia electoral, el INE es independiente en sus decisiones y funcionamiento, así como profesional en su desempeño y sus actividades deben regirse por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y paridad, mismas que se realizarán con perspectiva de género.

3.El artículo 41 de la CPEUM, párrafo tercero, Base V, Apartado B, inciso b), numerales 4 y 5 establece que el INE tendrá a su cargo en forma integral y directa, las actividades relativas a los escrutinios y cómputos en los términos que señala la ley, así como la declaración de validez y el otorgamiento de las constancias de diputaciones y senadurías.

4.El artículo 30, párrafo 1, incisos e) y f) de la LGIPE establece como uno de los fines del Instituto el garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar a los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión, y velar por la autenticidad y efectividad del sufragio.

Atribuciones del Consejo General del INE

5.El artículo 44, párrafo 1, inciso s), de la LGIPE determina como atribución del Consejo General: "Registrar las candidaturas...de senadores por el principio de representación proporcional; así como las listas regionales de candidatos a diputados de representación proporcional que presenten los partidos políticos nacionales..."

6.El artículo 44, párrafo 1, incisos u) y v), de la LGIPE establece que el Consejo General tiene las atribuciones siguientes:

"Artículo 44.

(...)

u) Efectuar el cómputo total de la elección de senadores por el principio de representación proporcional, así como el cómputo total de la elección de todas las listas de diputados electos según el principio de representación proporcional, hacer la declaración de validez de la elección de senadores y diputados por este principio, determinar la asignación de senadores y diputados para cada partido político y otorgar las constancias respectivas, en los términos de esta Ley, a más tardar el 23 de agosto del año de la elección; así como definir antes de la jornada electoral, el método estadístico que los consejos locales implementarán para que los respectivos consejos distritales realicen el recuento de los paquetes electorales de hasta el diez por ciento de las casillas respecto de la elección de senadores cuando la diferencia entre las fórmulas ganadoras y las ubicadas en segundo lugar sea igual o menor a un punto porcentual;

v) Informar a las Cámaras de Senadores y Diputados sobre el otorgamiento de las constancias de asignación de senadores y diputados electos por el principio de representación proporcional, respectivamente, así como de los medios de impugnación interpuestos;".

7.Si bien es cierto que el artículo 327, párrafo 2 de la LGIPE dispone que el Consejo General hará dicha asignación una vez resueltas en definitiva las impugnaciones que se hayan interpuesto ante el TEPJF, a más tardar el veintitrés de julio del año de la elección, también lo es que esta última regla está sujeta a los plazos previstos en los artículos 58, párrafo 1 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, al disponer que "Los juicios de inconformidad de las elecciones de diputados y senadores deberán quedar resueltos el día 3 de agosto (...)", así como 69, párrafo 1 del mismo ordenamiento adjetivo, al fijar que "Los recursos de reconsideración que versen sobre los cómputos distritales de la elección de diputados y de entidad federativa de senadores, deberán ser resueltos a más tardar el día 19 de agosto del año del proceso electoral (...).".

8.El artículo 44, párrafo 1, inciso jj), de la LGIPE establece como atribución del Consejo General, dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas las atribuciones conferidas en dicho artículo y las demás señaladas en dicha Ley o en otra legislación aplicable.

9.Acorde con lo previsto en el artículo 328 de la LGIPE, el Presidente del Consejo General expedirá a cada PPN las constancias de asignación proporcional que correspondan, de lo que informará a la Secretaría General de la Cámara de Diputadas y Diputados.

DE LOS PPN

10.El artículo 41, Base I, párrafos primero y segundo, de la CPEUM, en relación con el artículo 3, párrafo 1, de la LGPP, preceptúa que los partidos políticos son entidades de interés público, que la ley determinará las normas y requisitos para su registro legal, las formas específicas de su intervención en el Proceso Electoral y los derechos, obligaciones y prerrogativas que les corresponden; que en la postulación de sus candidaturas, se observará el principio de paridad de género; que tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y, como organizaciones de la ciudadanía, hacer posible el acceso de ésta al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como con las reglas que marque la ley electoral para garantizar la paridad de género, en las candidaturas a los distintos cargos de elección popular.

Marco legal para la asignación de diputaciones por el principio de RP

11.De conformidad con el artículo 52 de la CPEUM, en relación con el artículo 14, párrafo 1 de la LGIPE, la Cámara de Diputadas y Diputados se integra por 300 diputaciones electas según el principio de MR, mediante el sistema de distritos electorales uninominales y 200 diputaciones que serán electas según el principio de RP, mediante el sistema de listas regionales votadas en circunscripciones plurinominales.

12.El artículo 53, párrafo segundo señala que para la elección de las 200 diputaciones según el principio de RP se constituirán cinco circunscripciones electorales plurinominales en el país, y que la ley determinará la conformación de la demarcación territorial de cada una de ellas, acorde con el artículo 214, párrafos 3 y 4 de la LGIPE.

13.El artículo 54 indica que las diputaciones electas según el principio de RP y el sistema de asignación por listas regionales, se sujetará a las siguientes bases y a lo que disponga la ley:

"(...)

I. Un partido político, para obtener el registro de sus listas regionales, deberá acreditar que participa con candidatos a diputados por mayoría relativa en por lo menos doscientos Distritos uninominales;

II. Todo partido político que alcance por lo menos el tres por ciento del total de la votación válida emitida para las listas regionales de las circunscripciones plurinominales, tendrá derecho a que le sean atribuidos diputados según el principio de representación proporcional;

III. Al partido político que cumpla con las dos bases anteriores, independiente y adicionalmente a las constancias de mayoría relativa que hubiesen obtenido sus candidatos, le serán asignados por el principio de representación proporcional, de acuerdo con su votación nacional emitida, el número de diputados de su lista regional que le corresponda en cada circunscripción plurinominal. En la asignación se seguirá el orden que tuviesen los candidatos en las listas correspondientes;

IV. Ningún partido político podrá contar con más de 300 diputados por ambos principios;

V. En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación nacional emitida. Esta base no se aplicará al partido político que, por sus triunfos en Distritos uninominales, obtenga un porcentaje de curules del total de la Cámara, superior a la suma del porcentaje de su votación nacional emitida más el ocho por ciento; y

VI. En los términos de lo establecido en las fracciones III, IV y V anteriores, las diputaciones de representación proporcional que resten después de asignar las que correspondan al partido político que se halle en los supuestos de las fracciones IV o V, se adjudicarán a los demás partidos políticos con derecho a ello en cada una de las circunscripciones plurinominales, en proporción directa con las respectivas votaciones nacionales efectivas de estos últimos. La ley desarrollará las reglas y fórmulas para estos efectos."

(Énfasis añadido)

En ese sentido, el artículo 15, numerales 1 y 2, de la LGIPE dispone lo siguiente:

"Artículo 15.

1. Se entiende por votación total emitida, la suma de todos los votos depositados en las urnas. Para los efectos de la aplicación de la fracción II del artículo 54 de la Constitución, se entiende por votación válida emitida la que resulte de deducir de la suma de todos los votos depositados en las urnas, los votos nulos y los correspondientes a los candidatos no registrados.

2. En la aplicación de la fracción III del artículo 54 de la Constitución, para la asignación de diputados de representación proporcional, se entenderá como votación nacional emitida la que resulte de deducir de la votación total emitida, los votos a favor de los partidos políticos que no hayan obtenido el tres por ciento de dicha votación, los votos emitidos para Candidatos Independientes y los votos nulos."

En relación con lo anterior, acorde con el párrafo 2 del artículo 15 de la LGIPE, la votación nacional emitida es la que resulta de deducir de la votación total emitida los votos a favor de los partidos políticos que no hayan obtenido el tres por ciento de dicha votación, los votos emitidos para candidaturas independientes y los votos nulos, sin restar los sufragios para las candidaturas no registradas, este Consejo General, con apoyo en una interpretación sistemática y funcional de lo dispuesto en los artículos 15, párrafo 2 y 16 de la referida Ley, considera que para obtener dicha votación nacional, también deben deducirse los votos de las candidaturas no registradas, pues para aplicar la fórmula de proporcionalidad pura en la asignación de diputaciones de RP es necesario cuantificar los votos obtenidos por los PPN con derecho de asignación, ya que de otro modo se crearía una distorsión indebida en el universo de votos a considerar para la aplicación de la fórmula citada, en perjuicio del principio de certeza.

Por su parte, el párrafo 3 del artículo 15 de la LGIPE reitera los límites previstos en las fracciones IV y V del artículo 54 de la Constitución.

El artículo 16 de la LGIPE regula lo inherente a la fórmula de proporcionalidad (cociente natural y resto mayor) a que se refiere la fracción III del artículo 54 de la CPEUM, en tanto que los artículos 17 a 20 establecen el procedimiento para la asignación y distribución de diputaciones por el principio de RP. Al respecto, las disposiciones referidas establecen lo siguiente:

"Artículo 16.

1. Para la asignación de diputados de representación proporcional conforme a lo dispuesto en la fracción III del artículo 54 de la Constitución, se procederá a la aplicación de una fórmula de proporcionalidad pura, integrada por los siguientes elementos:

a) Cociente natural, y

b) Resto mayor.

2. Cociente natural: es el resultado de dividir la votación nacional emitida entre los 200 diputados de representación proporcional.

3. Resto mayor: es el remanente más alto entre los restos de las votaciones de cada partido político, una vez hecha la distribución de curules mediante el cociente natural. El resto mayor se utilizará cuando aún hubiese diputaciones por distribuir.

Artículo 17.

1. Una vez desarrollada la fórmula prevista en el artículo anterior, se observará el procedimiento siguiente:

a) Se determinarán los diputados que se le asignarían a cada partido político, conforme al número de veces que contenga su votación el cociente natural, y

b) Los que se distribuirían por resto mayor si después de aplicarse el cociente natural quedaren diputaciones por repartir, siguiendo el orden decreciente de los votos no utilizados para cada uno de los partidos políticos en la asignación de curules.

2. Se determinará si es el caso de aplicar a algún partido político el o los límites establecidos en las fracciones IV y V del artículo 54 de la Constitución, para lo cual al partido político cuyo número de diputados por ambos principios exceda de 300, o su porcentaje de curules del total de la Cámara exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación nacional emitida, le serán deducidos el número de diputados de representación proporcional hasta ajustarse a los límites establecidos, asignándose las diputaciones excedentes a los demás partidos políticos que no se ubiquen en estos supuestos.

3. Una vez deducido el número de diputados de representación proporcional excedentes, al partido político que se haya ubicado en alguno de los supuestos del párrafo anterior se le asignaran las curules que les correspondan en cada circunscripción, en los siguientes términos:

a) Se obtendrá el cociente de distribución, el cual resulta de dividir el total de votos del partido político que se halle en este supuesto, entre las diputaciones a asignarse al propio partido;

b) Los votos obtenidos por el partido político en cada una de las circunscripciones se dividirán entre el cociente de distribución, asignando conforme a números enteros las curules para cada una de ellas, y

c) Si aun quedaren diputados por asignar se utilizará el método del resto mayor, previsto en el artículo anterior.

Artículo 18.

1. Para la asignación de diputados de representación proporcional en el caso de que se diere el supuesto previsto por la fracción VI del artículo 54 de la Constitución, se procederá como sigue:

a) Una vez realizada la distribución a que se refiere el artículo anterior, se procederá a asignar el resto de las curules a los demás partidos políticos con derecho a ello, en los términos siguientes:

I. Se obtendrá la votación nacional efectiva. Para ello se deducirán de la votación nacional emitida los votos del o los partidos políticos a los que se les hubiese aplicado alguno de los límites establecidos en las fracciones IV o V del artículo 54 de la Constitución;

II. La votación nacional efectiva se dividirá entre el número de curules por asignar, a fin de obtener un nuevo cociente natural;

III. La votación nacional efectiva obtenida por cada partido se dividirá entre el nuevo cociente natural. El resultado en números enteros será el total de diputados que asignar a cada partido, y

IV. Si aún quedaren curules por distribuir se asignarán de conformidad con los restos mayores de los partidos.

2. Para asignar los diputados que le correspondan a cada partido político, por circunscripción plurinominal, se procederá como sigue:

a) Se obtendrá la votación efectiva por circunscripción, que será la que resulte de deducir la votación del o los partidos políticos que se ubiquen en los supuestos previstos en las fracciones IV y V del artículo 54 de la Constitución, en cada una de las circunscripciones;

b) La votación efectiva por circunscripción se dividirá entre el número de curules pendientes de asignar en cada circunscripción plurinominal, para obtener el cociente de distribución en cada una de ellas;

c) La votación efectiva de cada partido político en cada una de las circunscripciones plurinominales se dividirá entre el cociente de distribución siendo el resultado en números enteros el total de diputados por asignar en cada circunscripción plurinominal, y

d) Si después de aplicarse el cociente de distribución quedaren diputados por distribuir a los partidos políticos, se utilizará el resto mayor de votos que cada partido político tuviere en las circunscripciones, hasta agotar las que le correspondan, en orden decreciente, a fin de que cada circunscripción plurinominal cuente con cuarenta diputaciones.

Artículo 19.

1. Determinada la asignación de diputados por partido político a que se refieren los incisos a) y b) del párrafo 1 del artículo 17 de esta Ley y para el caso de que ningún partido político se ubicara en los supuestos previstos en las fracciones IV y V del artículo 54 de la Constitución, se procederá como sigue:

a) Se dividirá la votación total de cada circunscripción, entre cuarenta, para obtener el cociente de distribución;

b) La votación obtenida por partido político en cada una de las circunscripciones plurinominales se dividirá entre el cociente de distribución, el resultado en números enteros será el total de diputados que en cada circunscripción plurinominal se le asignarán, y

c) Si después de aplicarse el cociente de distribución quedaren diputados por distribuir a los partidos políticos, se utilizará el resto mayor de votos que cada partido político tuviere, hasta agotar los que le correspondan, en orden decreciente, a fin de que cada circunscripción plurinominal cuente con cuarenta diputaciones.

Artículo 20.

1. En todos los casos, para la asignación de los diputados por el principio de representación proporcional se seguirá el orden que tuviesen los candidatos en las listas regionales respectivas."

Del contexto histórico de la asignación por el principio de RP

14.La legitimidad de origen del poder público se vincula con la necesidad del consentimiento de la ciudadanía expresado a través del "sufragio universal libre, secreto y directo".

En congruencia con la noción de igualdad política, la participación se efectúa a través de elecciones periódicas, en las que intervienen todas las ciudadanas y ciudadanos en las mismas condiciones. El sufragio constituye el vehículo esencial para hacer efectiva la participación política de la ciudadanía en la adopción de las decisiones públicas más relevantes; por ende, los principios, las reglas y los mecanismos mediante los cuales se traducen los sufragios en cargos públicos de carácter representativo son de gran importancia en los sistemas electorales.

La reforma constitucional de 1977 modificó el sistema democrático representativo mexicano al configurar un sistema donde los representantes populares serían electos por distritos uninominales de MR y por distritos plurinominales de RP.

El principio de MR se refiere al tipo de votación por el que se elige a quien obtenga el mayor número de sufragios emitidos durante la Jornada Electoral. Bajo este principio, los votos tienen el mismo peso en el momento en que éstos son emitidos y contados, pero no todos cuentan igual al momento de traducirse en cargos de representación, puesto que sólo los votos que se emitieron a favor del partido o candidatura ganadora en un distrito electoral cuentan (para efectos de su representación), mientras que los votos emitidos para el o los partidos perdedores no son tomados en consideración.

El principio de RP se refiere al sistema de elección basado en la asignación de cargos de representación popular tomando como base el porcentaje de votos obtenidos por un partido político en un espacio geográfico determinado.

En nuestro país, la inclusión del principio de RP tuvo como propósito abrir los cauces para canalizar las diferentes inquietudes sociales y políticas, ampliar la representación nacional al permitir que fuerzas minoritarias estuvieran debidamente representadas en el Congreso de la Unión y fortalecer al poder legislativo para que pudiera ejercer adecuadamente sus atribuciones.

En el caso del sistema proporcional, existe no sólo una igualdad de los votos en el momento de ser emitidos y contabilizados, sino también al traducirse en curules. Ello responde al hecho de que la finalidad es reproducir, en la medida de lo posible, el grado de preferencias electorales obtenidas por cada una de las opciones políticas contendientes en la integración de los órganos de representación.

Las sucesivas reformas al sistema de RP han tenido el propósito de reflejar de mejor manera la voluntad popular en la conformación de los órganos de gobierno, bajo el supuesto que una mejor representación provoca mayor legitimidad al régimen político.

La reforma constitucional de 1986 aumentó el número de diputaciones electas por el principio de RP de 100 a 200; la de 1993 eliminó la cláusula de gobernabilidad y disminuyó de 350 a 315 el tope de diputaciones por ambos principios que podía tener un partido político en la Cámara de Diputadas y Diputados.

Respecto a la cláusula de gobernabilidad, cabe retomar lo dispuesto en el voto particular de la sentencia SUP-REC-934/2018 y Acumulados, que a la letra señala:

"(...) en la exposición de motivos claramente establece que se busca impedir que un solo partido tenga la mayoría calificada consistente en dos terceras partes que le permita efectuar reformas constitucionales. El texto de la Exposición de Motivos expresa: ´La reforma va más allá, porque incide en cuestiones que podrían ocurrir de no aplicarse la reforma que se propone, esto es, que un partido, por la fuerza de sus votos, pueda eventualmente alcanzar las dos terceras partes en la integración de la Cámara. La propuesta imposibilita que este supuesto se dé en la práctica, es decir, establece claramente que un partido político, de hoy en adelante, por sí solo no podrá reformar la Constitución´."

(Énfasis añadido)

Con la reforma a la CPEUM de 1996 se volvió a ajustar este tope para que el límite máximo fuera de 300 diputaciones. Además, incluyó una nueva disposición que establecía que, en ningún caso, un partido político podría contar con un número de diputaciones por ambos principios que representaran en un porcentaje del total de la Cámara que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación nacional emitida. Es decir, para asegurar una mayor proporcionalidad entre el porcentaje de votos que obtiene un partido y el porcentaje de escaños que ocupa, la brecha que existe entre ambos no puede ser mayor al 8%.

Al respecto, cabe destacar lo señalado en la exposición de motivos en materia de representación, que a la letra señala:

(...) Para lograr la conformación de un órgano legislativo representativo que a la vez permita la existencia de una mayoría consistente y capaz de ejercer las funciones de gobierno se propone disminuir de 315 a 300 el número máximo de diputados electos por los principios de mayoría relativa y de representación proporcional que pueda tener un partido político.

Con ese mismo propósito la iniciativa plantea que ningún partido político pueda tener un número de diputados por ambos principios de elección, cuyo porcentaje del total de integrantes de la Cámara de Diputados exceda en 8% el porcentaje de la votación nacional emitida a su favor. [...]

Esta iniciativa propone establecer correlatos, de mayor simetría, entre porcentajes de votación y porcentajes de representación, lograr equidad en la competencia electoral, fortaleciendo el sistema de partidos, representar, de mejor forma, la voluntad ciudadana y distribuir el poder en la forma más amplia posible, sobre la base de la voluntad popular; fortalecer al Poder Legislativo y la independencia del Poder Judicial, a efecto de controlar el ejercicio del poder, creando dispositivos institucionales que obliguen a los gobernantes a responder y dar cuenta de sus actos ante quienes los eligieron, fortaleciendo el estado de derecho."

El principio de RP del sistema electoral mexicano en las decisiones de la SCJN y de la Sala Superior del TEPJF, antes de la Reforma Electoral 2014

15.Uno de los análisis más relevantes de la SCJN en torno al tema que nos ocupa se encuentra en la sentencia recaída a la acción de inconstitucionalidad 6/1998, en la cual precisó el significado del principio de RP instaurado en el sistema electoral. Las premisas asentadas en esa sentencia definen la naturaleza del principio de RP, así como su finalidad en el sistema electoral mexicano. En la misma se señala lo siguiente:

"DÉCIMO. En este apartado se hará el estudio del principio de proporcionalidad en materia electoral, tal como fue concebido por el órgano revisor de la Constitución, por ser éste el sustento de la decisión que debe emitirse. El término representación tiene diversos significados, diferentes entre sí, aunque políticamente tiene una definición. La representación política, llamada también representación por elección, en tanto fundamento de la democracia representativa propia del Estado moderno, nació como un modelo alternativo a la democracia directa, difícil de cumplirse en las sociedades masificadas. [...] Por otra parte, la teoría señala que una de las consecuencias de la representación política nacional es la creación de sistemas de representación política (mayoría, representación proporcional o mixto) que refleje de la mejor manera la voluntad popular y el interés nacional.

En relación al sistema de representación proporcional, cabe señalar que sólo puede ser empleado para la integración de cuerpos colegiados, entre ellos, las Cámaras Legislativas. Este sistema tiene como objeto fundamental atribuir a cada partido el número de cargos de elección popular que resulte proporcional a los votos obtenidos en la contienda electoral; en este sistema las curules o los escaños se reparten entre las listas de candidatos que participan en el Proceso Electoral en proporción al número de votos obtenidos por cada uno de los partidos.

(...)

Por otra parte cabe destacar que el sistema electoral mixto, que participa de los principios de mayoría y de representación proporcional, busca garantizar el control de las estructuras legislativas por el primer sistema, utilizando el sistema de representación proporcional con la finalidad de crear un colchón de curules para compensar la desproporción que genera el sistema mayoritario.

En el año de mil novecientos setenta y siete se abandona dentro del orden jurídico mexicano el sistema de diputados de partidos y se adopta un sistema electoral mixto, en el que el principio de mayoría se complementa con el de representación proporcional. El primero de ellos se funda en que el candidato se convierte en diputado por haber obtenido la simple mayoría de sufragios emitidos en un determinado Distrito por los ciudadanos que hubiesen votado en las elecciones respectivas; en el segundo, tienen acceso a la Cámara no sólo los candidatos que hayan logrado la votación mayoritaria, sino también los que hayan alcanzado cierto número de votos provenientes de importantes minorías de electores en el acto correspondiente.

(...)

Así, la introducción del principio de proporcionalidad obedece a la necesidad de dar una representación más adecuada a todas las corrientes políticas relevantes que se manifiestan en la sociedad, así como para garantizar, en una forma más efectiva, el derecho de participación política de la minoría y, finalmente, para evitar los efectos extremos de distorsión de la voluntad popular, que se pueden producir en un sistema de mayoría simple.

Atento a todo lo anterior, dentro del sistema político mexicano se introdujo el principio de representación proporcional, como medio o instrumento para hacer vigente el pluralismo político, a fin de que todas aquellas corrientes identificadas con un partido determinado, aun minoritarias en su integración, pero con una representatividad importante, pudieran ser representadas en el seno legislativo y participar con ello en la toma de decisiones y, consecuentemente, en la democratización del país. Así, se desprende que el principio de representación proporcional dentro del sistema electoral mixto se traduce, en instrumento del pluralismo político que llevó a su inserción en la Constitución Federal desde el año de mil novecientos setenta y siete y que a la fecha se mantiene vigente.

El principio de representación proporcional como garante del pluralismo político, tiene los siguientes objetivos primordiales:

1. La participación de todos los partidos políticos en la integración del órgano legislativo, siempre que tengan cierta representatividad.

2. Que cada partido alcance en el seno del Congreso o legislatura correspondiente una representación aproximada al porcentaje de su votación total.

3. Evitar un alto grado de sobre-representación de los partidos dominantes.

(...)

Ahora bien, considerando los diferentes métodos o modelos que pueden aplicarse para hacer vigente este principio de representación proporcional, en el sistema electoral mexicano sus bases generales se instituyen en el artículo 54 de la Constitución Federal, de cuyo análisis se llega al convencimiento de que la proporcionalidad en materia electoral, más que un principio, constituye un sistema compuesto por bases generales tendentes a garantizar de manera efectiva la pluralidad en la integración de los órganos legislativos, permitiendo que formen parte de ellos candidatos de los partidos minoritarios, e impidiendo, a la vez, que los partidos dominantes alcancen un alto grado de sobre-representación. Esto explica por qué, en algunos casos, se premia o estimula a las minorías y en otros se restringe a las mayorías. Por tanto, el análisis de las disposiciones que se combatan en esta vía constitucional, debe hacerse atendiendo no sólo al texto literal de cada una de ellas en lo particular, sino también al contexto de la propia norma que establece un sistema genérico con reglas diversas que deben analizarse armónicamente, pues no puede comprenderse el principio de proporcionalidad atendiendo a una sola de éstas, sino en su conjunto; además, debe atenderse también a los fines y objetivos que se persiguen con el principio de representación proporcional y al valor de pluralismo político que tutela, a efecto de determinar si efectivamente la disposición combatida inmersa en su contexto normativo hace vigente ese principio conforme a las bases generales que lo soportan."

(Énfasis añadido)

Con base en las premisas anteriores, el Pleno de la SCJN, al resolver la acción de inconstitucionalidad 6/98, emitió, entre otras, la tesis de jurisprudencia número P./J. 70/98, cuyo rubro y texto es:

"MATERIA ELECTORAL. EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL COMO SISTEMA PARA GARANTIZAR LA PLURALIDAD EN LA INTEGRACIÓN DE LOS ÓRGANOS LEGISLATIVOS. El principio de representación proporcional en materia electoral se integra a un sistema compuesto por bases generales tendientes a garantizar de manera efectiva la pluralidad en la integración de los órganos legislativos, permitiendo que formen parte de ellos candidatos de los partidos minoritarios e, impidiendo, a la vez, que los partidos dominantes alcancen un alto grado de sobre-representación. Esto explica por qué, en algunos casos, se premia o estimula a las minorías y en otros se restringe a las mayorías. Por tanto, el análisis de las disposiciones que se impugnen, debe hacerse atendiendo no sólo al texto literal de cada una de ellas en lo particular, sino también al contexto de la propia norma que establece un sistema genérico con reglas diversas que deben analizarse armónicamente, pues no puede comprenderse el principio de representación proporcional atendiendo a una sola de éstas, sino en su conjunto; además, debe atenderse también a los fines y objetivos que se persiguen con el principio de representación proporcional y al valor de pluralismo político que tutela, a efecto de determinar si efectivamente la disposición combatida inmersa en su contexto normativo hace vigente ese principio conforme a las bases generales que lo tutelan.

(Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Pleno, Tomo VIII, noviembre de 1998, tesis P./J. 70/98, página 191)."

Con posterioridad a la emisión de esta jurisprudencia, la Sala Superior del TEPJF resolvió el juicio de revisión constitucional SUP-JRC-209/99, en el cual reiteró la finalidad del principio de RP, a saber: el valor del pluralismo político, impidiendo que los partidos dominantes alcancen un alto grado de sobre representación.

Las mismas premisas en cuanto a los valores que arropa el principio de RP han sido sostenidas de manera permanente en las diversas sentencias emitidas por ambos órganos jurisdiccionales al resolver los diversos medios de control constitucional de su competencia.(3)

Lo mismo ha sucedido con las decisiones emitidas por la Sala Superior del TEPJF, ya que las resoluciones han sido consistentes en determinar como valores constitucionales del principio de RP, la asignación de asientos legislativos en proporción a los votos de la ciudadanía, el pluralismo y la representatividad.

El principio de RP y el sistema de coaliciones en el sistema electoral mexicano a partir de la Reforma Electoral de 2008

16.Con la Reforma Electoral de 2008, el sistema de coaliciones se transformó. El desarrollo legislativo fue impugnado ante la SCJN, la cual resolvió, en lo relevante para el análisis de este Acuerdo, lo siguiente:

"(...)

En la medida que el diseño legal de los instrumentos para la integración de las cámaras del Congreso de la Unión no subvierta los principios, así como las reglas y las fórmulas que se prevén en la Constitución federal, no puede invalidarse aquél. Dicha contradicción debe ser palmaria, evidente, indubitable y manifiesta, porque, de otra forma, debe preservarse la disposición legal.

Debe tenerse presente que la deferencia al legislador razonable y democrático constituye también un bien constitucionalmente protegido. En la medida en que la interpretación y aplicación de una norma legal no conduzcan en forma ineluctable a una contradicción, antinomia o inconsistencia con el texto de la Constitución Federal, debe reconocerse la validez constitucional de Disposiciones legales que, es natural, que estén informadas por aspectos coyunturales y políticos, siempre que sean acordes con los parámetros constitucionales y, además, sean razonables.

4. Al legislador federal le corresponde determinar la existencia de coaliciones, con sujeción a criterios de razonabilidad (como parámetro para el control del poder).

a) Dado que en el artículo 41, párrafo segundo, fracción I de la Constitución Federal se establece que la ley determinará las normas y requisitos para el registro de los partidos políticos (tanto nacionales como estatales o locales) y las formas específicas de su intervención en el Proceso Electoral, la regulación en materia de coaliciones electorales corresponde al legislador ordinario federal y al legislador ordinario local, en el ámbito de sus respectivas atribuciones. Si la determinación del legislador ordinario federal es establecer la posibilidad normativa de que los Partidos Políticos Nacionales participen en forma coaligada en los Procesos Electorales Federales, entonces puede determinar los términos y las condiciones respectivas, siempre que no resulten arbitrarias, innecesarias, desproporcionadas o no cumplan con criterios de razonabilidad.

Los criterios de razonabilidad constituyen un parámetro para el control del poder que tiene su razón de ser en el concepto mismo de Estado de derecho o imperio del derecho, que tiene como una de sus aspiraciones principales someter el poder al Derecho.

b) Por un lado, en el aspecto técnico no existe un criterio unívoco y definitivo para establecer las reglas a que deben sujetarse las coaliciones. Por otro lado, como se indicó, no hay parámetros o condicionantes en la Constitución Federal en materia de coaliciones.

Sentadas las premisas anteriores, cabe señalar lo siguiente.

(...)

Tratándose de una coalición, el voto ciudadano puede tener dos efectos diferenciados: a) Un primer efecto, que sería invariable, permitiría establecer el candidato de la preferencia del elector, lo cual, a su vez, preserva en forma íntegra las características constitucionales del voto, y b) Un segundo efecto que, contingente o variable, correspondería a la definición del Partido Político Nacional de los coaligados, en cuyo caso, en primera instancia, llevaría a establecer la correspondencia del voto ciudadano con el partido que el elector hubiere marcado en la boleta y, en una situación diversa, mas no necesaria, a permitir que el voto sea reconocido a un partido distinto, para efectos de la conservación del registro legal respectivo y la asignación de candidatos de representación proporcional.

Debe recordarse que, en las boletas electorales, el ciudadano marca el cuadro relativo a un candidato uninominal no a los de la lista, de ahí que este mismo acto electivo permita obtener el efecto previsto legalmente.

En efecto, es preciso distinguir el voto nominal del voto de lista, distinción que está vinculada con la diferenciación entre Distritos uninominales y Distritos plurinominales, así como con el sistema electoral en su conjunto.

El voto nominal entraña el voto por un candidato individual, mientras que el voto de lista entraña la opción del elector no entre individuos, sino entre listas de candidatos, cada uno postulada por un partido político.

A continuación, corresponde evaluar los argumentos hechos valer por los promoventes.

Premisa explicitada

En lo referente al concepto de invalidez según el cual las normas generales impugnadas imponen límites y prohibiciones irracionales que menoscaban y van en contra del "derecho fundamental" de participar y asociarse políticamente para pactar lo que cada partido político estime conveniente para ganar el sufragio, cabe advertir que el referido argumento parte de una premisa que es menester precisar y aclarar, cual es que, aun cuando los partidos políticos no tienen propiamente "derechos fundamentales" en el sentido técnico del término, la posibilidad normativa que tienen reconocida constitucionalmente para participar en el Proceso Electoral, en el artículo 41, párrafo segundo, fracción I, constitucional, no puede ser vulnerada en su contenido esencial mediante las formas específicas o modalidades que establezca el legislador ordinario federal, además de que, al ser reconocidos, básicamente, como organizaciones de ciudadanos, para hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, tales ciudadanos sí son sujetos de derechos fundamentales, en particular de la libertad de asociación en materia política.

No obstante, es preciso puntualizar que de lo dispuesto en el artículo 9o. de la Constitución Federal no se desprende un derecho constitucional a formar coaliciones partidarias, toda vez que es necesario distinguir el derecho de asociación del individuo como tal del derecho de los partidos políticos a recurrir a determinadas formas asociativas, como la coalición.

(...)

[Por lo que hace] a los emblemas de los partidos que se coaligan.

En primer término, en forma opuesta a lo sostenido por los promoventes, la norma general impugnada bajo análisis (es decir, el artículo 95, párrafo 9, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales) permitirá al elector identificar con facilidad, de entre los partidos coaligados, la opción política de su preferencia, ya que si bien los partidos políticos coaligados están obligados a presentar, para el registro de la coalición, una Plataforma Electoral y, en su caso, un programa de gobierno de la coalición, un elector puede sentirse más identificado con uno de los partidos políticos coaligados más que con otro, aun de la misma coalición, y, en consecuencia, marcar en la boleta el cuadro que contenga el emblema del partido político de su preferencia, dentro de los que aparecen coaligados.

En segundo término, dado el principio constitucional rector de certeza de la función estatal electoral de la organización de las elecciones (en el sentido de la clara, segura y firme convicción o ausencia de duda sobre la voluntad del elector expresada en las urnas), la intervención o medida legislativa bajo escrutinio (es decir, que cada uno de los partidos coaligados aparezca en la boleta con su propio emblema) tiene por objeto transparentar la fuerza electoral de cada uno de los partidos políticos que se coaliguen, tal y como se expresó en las urnas.

(...)

(Énfasis añadido)

De las premisas expuestas por la SCJN se advierte que la regulación del régimen de coaliciones no es ajena a las características del modelo constitucional democrático que legitima el origen del poder público a través del consentimiento de la ciudadanía expresado mediante "sufragio universal, libre, secreto y directo", y tampoco es ajena a las exigencias del sistema electoral para la integración de las Cámaras del Congreso de la Unión, con base en los principios de MR y RP.

Por lo que, tal como lo señala la SCJN, la interpretación del régimen de coaliciones debe hacerse siempre armónica con tales valores y principios, a fin de que el diseño legal previsto para la integración de las cámaras del Congreso de la Unión se adecue y no trastorne los principios, las reglas y las fórmulas que se prevén en la Constitución federal.

Asimismo, destaca la disposición contenida en el artículo 95, párrafo 9, del entonces Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que señaló expresamente que, independientemente del tipo de elección, convenio y términos que adoptaran los partidos coaligados, cada uno de ellos debía aparecer con su propio emblema en la boleta electoral.

El principio de RP del sistema electoral mexicano a partir de la Reforma Electoral de 2014 y el régimen de coaliciones

17.La reforma Constitucional y legal de 2014 redefinieron reglas y modelos respecto a la intervención y participación de los partidos políticos en los procesos electorales. Esta reforma fue sometida al control abstracto de constitucionalidad que ejerce la SCJN.

Entre los conceptos de invalidez presentados en las acciones de inconstitucionalidad 22/2014 y acumuladas 26/2014, 28/2014 y 30/2014, relacionados con el principio de RP y el régimen de coaliciones se encuentran los tendentes a impugnar la constitucionalidad del concepto "votación total emitida" en la aplicación de la fórmula de asignación de diputadas y diputados de RP (artículo 15, párrafos 1 y 2 de la LGIPE) y los dirigidos a plantear la inconstitucionalidad de la ineficacia del voto para los partidos coaligados cuando se cruce más de un emblema, por contar solo para el candidato, pero no para los partidos (artículo 87, numeral 13, LGPP).

La SCJN desestimó los conceptos de invalidez relacionados con el concepto "votación total emitida" por considerar que éste resultaba indispensable para poder obtener el diverso monto del "total de la votación valida emitida", el cual sí se encontraba expresamente previsto en la fracción II del artículo 54 de la CPEUM.

Por otra parte, declaró la invalidez de la porción normativa contenida en el numeral 13 del artículo 87 de la LGPP, por considerar que:

"(...) el precepto impugnado prevé una modalidad de escrutinio y cómputo de los votos para el caso de coaliciones, en el supuesto de que se hubiesen marcado los emblemas de dos o más partidos coaligados en una misma boleta; conforme a la cual los votos deben ser considerados válidos para el candidato postulado y contar como un solo voto, sin que puedan tenerse en cuenta para efectos de representación proporcional y otras prerrogativas.

Del precepto citado, [artículo Segundo Transitorio] se desprende, en lo que a este punto interesa, que, respecto de la participación electoral de los partidos políticos a través de la figura de las coaliciones, la Constitución ordena al legislador federal el establecimiento de un sistema uniforme para los Procesos Electorales Federales y locales, que prevea (i) la solicitud de registro hasta la fecha en que inicie la etapa de precampañas; (ii) la existencia de coaliciones totales, parciales y flexibles, conforme al porcentaje de postulaciones de candidaturas en un mismo proceso bajo una misma plataforma; (iii) la manera en que aparecerán sus emblemas en las boletas electorales y las modalidades de escrutinio y cómputo de los votos; y (iv) la prohibición de coaligarse en el primer Proceso Electoral en que participe un partido político.

En este sentido, para efectos del análisis constitucional de los asuntos derivados de la reforma político-electoral de diez de febrero de dos mil catorce, debe concluirse que:

El régimen de coaliciones aplicable tanto a procesos federales como locales, por disposición constitucional, debe ser regulado por el Congreso de la Unión en la Ley General que expida en materia de partidos políticos; sin que las entidades federativas cuenten, por tanto, con atribuciones para legislar sobre dicha figura.

(...)

Lo anterior no impide a los Estados y al Distrito Federal legislar sobre aspectos electorales que se relacionen de manera indirecta con el tema de coaliciones, como la forma en que operará el principio de representación proporcional al interior de los órganos legislativos locales, en términos de los artículos 116, fracción II y 122, apartado C, base primera, fracción III, de la Constitución Federal; por lo que, en cada caso concreto, deberá definirse qué es lo que regula la norma, a fin de determinar si la autoridad que la emitió es o no competente para tales efectos.

Ahora bien, enseguida se dará respuesta a los planteamientos hechos valer por los accionantes, relacionados con:

1. La limitación de los alcances y efectos del voto, al restársele valor en cuanto a la asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional y el otorgamiento de prerrogativas de financiamiento público y acceso a radio y televisión.

2. La violación al principio de certeza en materia electoral, al existir una antinomia entre los párrafos 12 y 13 del artículo 87 de la Ley General de Partidos Políticos, así como entre el precepto impugnado y los artículos 15, 288, 290, párrafo 3 y 293, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

3. La aplicación del principio pro persona, a efecto de interpretar de la manera más favorable los derechos de los ciudadanos y las prerrogativas de los partidos políticos.

Este Tribunal Pleno, en diversos precedentes, se ha pronunciado en torno al sistema electoral mexicano. Al respecto, aun con la reforma constitucional de febrero de dos mil catorce, se destacan los siguientes puntos que en la actualidad continúan vigentes:

·Los artículos 52 y 54 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevén, en el ámbito federal, los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, los cuales tienen como antecedente relevante la reforma de mil novecientos setenta y siete, conocida como "Reforma Política", mediante la cual se introdujo el sistema electoral mixto que prevalece en nuestros días.

·Conforme a la teoría, el principio de mayoría consiste en asignar cada una de las curules al candidato que haya obtenido la mayor cantidad de votos en cada una de las secciones territoriales electorales en que se divide un país. Este sistema expresa como característica principal el fincar una victoria electoral por una simple diferencia aritmética de votos en favor del candidato más aventajado. Este escrutinio mayoritario puede ser uninominal o plurinominal; de mayoría absoluta, relativa o calificada.

·La representación proporcional es el principio de asignación de curules por medio del cual se atribuye a cada partido o coalición un número de escaños proporcional al número de votos emitidos en su favor. La representación proporcional pura es muy difícil de encontrar, pues la mayor parte de los sistemas que utilizan este tipo de representación lo hacen en forma aproximada y combinándolo con el sistema de mayoría. La introducción del principio de proporcionalidad obedece a la necesidad de dar una representación más adecuada a todas las corrientes políticas relevantes que se manifiestan en la sociedad, así como de garantizar, en forma más efectiva, el derecho de participación política de la minoría y, finalmente, evitar los efectos extremos de distorsión de la voluntad popular que se pueden producir en un sistema de mayoría simple.

·Los sistemas mixtos son aquellos que aplican los principios de mayoría y de representación proporcional, de distintas formas y en diversas proporciones. El sistema puede ser de dominante mayoritario o proporcional, dependiendo de cuál de los dos principios se utilice con mayor extensión y relevancia.

·En México, el sistema original fue el de mayoría, que se utilizó desde las Constituciones de mil ochocientos veinticuatro hasta la de mil novecientos diecisiete. La reforma constitucional de mil novecientos sesenta y tres introdujo una ligera variante llamada de "diputados de partidos", que consistió en atribuir un número determinado de escaños a todos los partidos que hubieran obtenido un cierto porcentaje mínimo de la votación nacional, aumentando sucesivamente un diputado más según el porcentaje adicional de votos obtenidos a partir del mínimo fijado y hasta un límite máximo. En la reforma de mil novecientos setenta y dos, se introdujo una pequeña modificación, que consistió en reducir el mínimo fijado para la acreditación de diputados y aumentar el límite máximo establecido para ello; sin embargo, el sistema de integración de la Cámara de Diputados siguió siendo de carácter mayoritario.

·El sistema mayoritario resulta ser el más claro, porque permite la identificación del candidato y, además, la elección por mayoría propicia el acercamiento entre candidato y elector. La propia identificación establecida entre electores y candidatos puede permitir al votante una elección más informada con respecto a la persona del candidato y menos sujeta a la decisión de un partido.

·El sistema de representación proporcional tiene por objeto procurar que la cantidad de votos obtenidos por los partidos corresponda, en equitativa proporción, al número de curules a que tenga derecho cada uno de ellos y, de esta forma, facilitar que los partidos políticos que tengan un mínimo de significación ciudadana puedan tener acceso, en su caso, a la Cámara de Diputados, que permita reflejar de la mejor manera el peso electoral de las diferentes corrientes de opinión.

·La decisión del Órgano Reformador de la Constitución de adoptar el sistema mixto con predominante mayoritario a partir de mil novecientos setenta y siete, ha permitido que este sistema mayoritario se complemente con el de representación proporcional, ante lo cual los partidos deben presentar candidatos en los Distritos Electorales uninominales y listas de candidatos en las circunscripciones plurinominales. El término "uninominal" significa que cada partido político puede postular un solo candidato por cada Distrito en el que participa y el acreedor de la constancia (constancia de mayoría y validez) de diputado será el que obtenga la mayoría relativa de los votos emitidos dentro del Distrito Electoral de que se trate. Por su parte, el término "circunscripción plurinominal" aparece con la citada reforma de mil novecientos setenta y siete, cuando surge la figura de la representación proporcional mediante un sistema de listas regionales que debía presentar cada uno de los partidos políticos, puesto que, en cada una de las circunscripciones, se eligen varios candidatos, de ahí que se utilice el término "plurinominal" (significando más de uno). Con la reforma de quince de diciembre de mil novecientos ochenta y seis, se determinó que "se constituirán cinco circunscripciones electorales plurinominales en el país".

Como se vio, los principios de mayoría relativa y representación proporcional, aplicables a la integración de las Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión, se contemplan en los artículos 52, 53, 54 y 56 de la Constitución Federal, que a la letra establecen:

(...)

De los anteriores preceptos, deben resaltarse las disposiciones relativas al principio de representación proporcional, conforme a las cuales:

·La Cámara de Diputados estará integrada por doscientos diputados que serán electos según el principio de representación proporcional, mediante el sistema de listas regionales votadas en circunscripciones plurinominales.

·Para la elección de los doscientos diputados según el principio de representación proporcional y el sistema de listas regionales, se constituirán cinco circunscripciones electorales plurinominales en el país.

·Para obtener el registro de sus listas regionales, los partidos políticos deberán acreditar que participan con candidatos a diputados por mayoría relativa en, por lo menos, doscientos Distritos uninominales (condicionamiento del registro de la lista de candidatos plurinominales a que el partido participe con candidatos a diputados por mayoría relativa en un mínimo de Distritos uninominales).

·Todo partido político que alcance, por lo menos, el tres por ciento del total de la votación válida emitida para las listas regionales de las circunscripciones plurinominales tendrá derecho a que les sean atribuidos diputados según el principio de representación proporcional (establecimiento de un porcentaje mínimo de la votación válida emitida para la asignación de diputados).

·Al partido político que cumpla con las dos bases anteriores, independiente y adicionalmente a las constancias de mayoría relativa que hubiesen obtenido sus candidatos, le serán asignados por el principio de representación proporcional, de acuerdo con su votación nacional emitida, el número de diputados de su lista regional que le corresponda en cada circunscripción plurinominal (asignación de diputados de manera independiente y adicional a las constancias de mayoría relativa que hubiesen obtenido los candidatos del partido de acuerdo con su votación).

·En la asignación, se seguirá el orden que tuviesen los candidatos en las listas correspondientes (precisión del orden de asignación de los candidatos que aparezcan en las listas correspondientes).

·Ningún partido político podrá contar con más de trescientos diputados por ambos principios (el tope máximo de diputados por ambos principios que puede alcanzar un partido debe ser igual al número de Distritos Electorales).

·En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que represente un porcentaje del total de la Cámara que exceda en ocho puntos su porcentaje de votación nacional emitida. Esta base no se aplicará al partido político que, por sus triunfos en Distritos uninominales, obtenga un porcentaje de curules del total de la Cámara, superior a la suma del porcentaje de su votación nacional emitida más el ocho por ciento (establecimiento de un límite a la sobrerrepresentación).

·Las diputaciones de representación proporcional que resten después de asignar las que correspondan al partido político que se halle en los supuestos de las dos bases anteriores, se adjudicarán a los demás partidos políticos con derecho a ello en cada una de las circunscripciones plurinominales, en proporción directa con las respectivas votaciones nacionales efectivas de estos últimos (establecimiento de las reglas para la asignación de diputados conforme a los resultados de la votación).

Pues bien, como se señaló, el artículo 87, párrafo 13, de la Ley General de Partidos Políticos, establece que los votos en que se hubiese marcado más de una opción de los partidos coaligados serán considerados válidos para el candidato postulado, contarán como un solo voto, sin que puedan ser tomados en cuenta para la asignación de representación proporcional u otras prerrogativas.

Dado que el precepto impugnado prevé un supuesto en materia de coaliciones, se estima conveniente hacer referencia al marco que opera respecto de éstas. El artículo 41, Base I, primer párrafo, de la Constitución Federal, dispone:

(...)

Una de las formas de participación de los partidos políticos en los procesos electorales es mediante la figura de la coalición, la cual ha sido definida en diversas ejecutorias de este Tribunal Pleno como la unión temporal de dos o más partidos políticos con la finalidad de participar en apoyo de un mismo candidato a un puesto de elección popular en un Proceso Electoral determinado.

Dicha figura, como se ha mencionado, se encuentra regulada en el Capítulo II del Título Noveno de la Ley General de Partidos Políticos que, en acatamiento al inciso f) de la fracción I del artículo segundo transitorio del decreto de reformas a la Constitución publicado en el Diario Oficial el diez de febrero de dos mil catorce, establece los Lineamientos del sistema de participación electoral de los partidos a través de las coaliciones.

(...)

De lo anterior, se advierte que, aun cuando las coaliciones, respecto de órganos legislativos, sólo se encuentran previstas para elecciones de senadores y diputados de mayoría relativa (federales y locales), el voto de los electores cuenta tanto para estos efectos (en cuanto al candidato postulado por la coalición) como para la asignación de curules por el principio de representación proporcional, lo cual obedece al carácter único e indivisible del sufragio y, a su vez, se corrobora de la lectura de las disposiciones que establecen que cada uno de los partidos coaligados debe registrar listas propias de candidatos a diputados y senadores por este principio y que cada uno de ellos aparecerá con su propio emblema en la boleta electoral.

Así también, se desprende que, en las boletas en las que se hubiese marcado una opción de los partidos coaligados, los votos se sumarán para el candidato de la coalición y contarán para cada uno de los partidos políticos para todos los efectos establecidos en ley; sin embargo, en las boletas en las que se hubiese marcado más de una opción de los partidos coaligados, los votos serán considerados válidos para el candidato postulado, contarán como un solo voto y no podrán ser tomados en cuenta para la asignación de representación proporcional y otras prerrogativas.

Esto último parece obedecer al hecho de que, al marcarse en la boleta electoral dos o más opciones de los partidos coaligados, si bien se tiene conocimiento de la preferencia del elector por el candidato postulado por la coalición para efectos de mayoría relativa, no se sabe a ciencia cierta a qué partido político quiso favorecer con su voto para efectos de representación proporcional, dificultando la asignación de curules por este principio, ante lo cual el legislador decidió no tomar en cuenta el voto para tales efectos.

Lo anterior resulta inadmisible, pues, conforme al artículo 54 de la Constitución Federal, todo partido político que acredite que participa con candidatos a diputados por mayoría relativa en, por lo menos, doscientos Distritos uninominales y alcance, por lo menos, el tres por ciento del total de la votación válida emitida para las listas regionales de las circunscripciones plurinominales, tiene derecho a que les sean asignados diputados según el principio de representación proporcional de acuerdo con su votación nacional emitida.

(...)

En este sentido, el legislador no puede prever condicionantes adicionales a las que se establecen en la Constitución para la asignación de representación proporcional, so pena de afectar la integración de las Cámaras del Congreso de la Unión y distorsionar la voluntad del elector. Por tanto, resulta injustificado que el artículo 87, párrafo 13, de la Ley General de Partidos Políticos determine no tomar en cuenta los votos válidamente emitidos en favor de dos o más partidos coaligados marcados en las boletas electorales para efectos de asignación de representación proporcional, pues esto implicaría que la conformación de las Cámaras no reflejara realmente la voluntad de los electores manifestada en las urnas, incidiendo negativamente en aspectos de representatividad al interior del órgano legislativo.

Ello, a su vez, operaría en favor de partidos no coaligados, que concentrarían una representación política que no les corresponde, lo cual se traduciría en una sobrerrepresentación de éstos, en detrimento de partidos coaligados, generada por condiciones de inequidad que otorgan efectos diversos al voto ciudadano en uno y otro caso.

En este orden de ideas, también se limita injustificadamente el efecto total del sufragio, puesto que únicamente se permite que se contabilice para efectos de la elección de legisladores por el principio de mayoría relativa, pero no para la elección de dichos representantes populares por el principio de representación proporcional, lo cual violenta el principio constitucional de que todo voto, ya sea en su forma activa o pasiva, debe ser considerado de forma igualitaria."

(Énfasis añadida)

Como se aprecia, la SCJN consideró que afectaba el efecto total del sufragio el mecanismo implementado por el legislador para definir la representatividad individual de los partidos políticos que participan de forma coaligada y su consecuencia en la asignación de RP y, en consecuencia, expulsó del sistema dicha porción normativa. Ello generó la necesidad de definir reglas para que los votos otorgados al candidato o candidata de una coalición sean reasignados entre los partidos políticos en lo individual para la asignación de diputaciones de RP, lo cual, evidentemente transformó el régimen de coaliciones pensado originalmente por el legislador respecto al principio de representatividad para los efectos de asignación de curules por RP.

Desde el control constitucional concreto que ejerce la Sala Superior del TEPJF también se han generado criterios que se relacionan con el régimen de coaliciones y el principio de RP.

En 2015, el PRI y el PVEM (partidos coaligados) obtuvieron la mitad de la representación en la Cámara de Diputadas y Diputados. Es decir, estuvieron a un voto de volverse mayoría absoluta cuando, en realidad, obtuvieron solo el respaldo de cuatro de cada diez electores.

Lo anterior se tradujo en diversas impugnaciones ante el TEPJF promovidas por el PAN en las que argumentó, medularmente, que los partidos coaligados incumplieron el convenio de coalición al postular en los espacios que le correspondían al PVEM personas candidatas del PRI, configurándose un posible fraude a la ley; cuestión que fue resuelta por la Sala Superior del TEPJF en el expediente SUP-REC-582/2015 y acumulados, determinó confirmar el acto controvertido.

Asimismo, la Sala Superior se pronunció sobre el derecho de los partidos a acordar en sus convenios de coalición para seleccionar a sus candidaturas al resolver la Contradicción de Criterios SUP-CDC-8/2015, la cual se originó entre dos sentencias dictadas por las Salas Regionales Monterrey y Xalapa, a saber:

·La Sala Regional Monterrey, en los juicios de revisión constitucional electoral SM-JRC-2/2014 y SM-JRC-3/2014 acumulado, resolvió modificar el acuerdo emitido por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila, en el que se aprobó el registro de la Coalición Parcial "Todos somos Coahuila".

Ello, porque consideró que el acuerdo impugnado no era conforme con los límites y principios constitucionales rectores del sistema de RP, al permitir que en dicho convenio de coalición se pudiera "negociar de manera estratégica que, de llegar a obtener el triunfo, el escaño le será contabilizado a un partido distinto al que se encuentra afiliado, para efectos del procedimiento de asignación".

En ese sentido, indicó que cuando una persona ciudadana es militante activo de un partido que junto con otros conforma la coalición que postula a dicho ciudadano, resulta contrario a los límites y principios constitucionales que rigen el sistema de RP, que en el convenio de coalición respectivo se pueda pactar que, en caso de obtener el triunfo, el escaño le será contabilizado a un partido distinto al que se encuentra afiliado, para efectos del procedimiento de asignación.

·La Sala Regional Xalapa, en los recursos de apelación SX-RAP- 14/2015, SX-RAP-16/2015, SX-RAP-17/2015 y SX-RAP-18/2015, determinó confirmar los acuerdos del CG del INE, mediante los cuales se realizó el registro supletorio de fórmulas de candidaturas a diputaciones por el principio de MR para las elecciones federales de 2015.

Cabe destacar que, en ese entonces, Sala Regional sostuvo que debe tutelarse el derecho a la auto organización de los partidos políticos para seleccionar a sus candidaturas acorde a sus Estatutos, por lo cual la selección no necesariamente debe recaer en personas militantes de dicho instituto político, en virtud de que, en el PVEM tiene la posibilidad de postular candidaturas externas, aunado a que tratándose de coaliciones, la LGPP permite el registro de una persona candidata con afiliación partidista de algún otro de los partidos integrantes de la coalición (artículo 87, numeral 6). Por lo que, en el caso concreto, para la elección de diputaciones en el PEF 2014-2015, se consideró en cuatro casos distintos, que el registro de una persona candidata afiliada al PRI en los distritos que conforme al convenio correspondían al PVEM es decisión exclusiva de los partidos que conforman la coalición.

Asimismo, consideró que tratándose de la materia electoral impera el principio de buena fe, por lo que la autoridad administrativa electoral sólo debe revisar el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales y no es procedente que cuestione, de manera subjetiva, los actos intrapartidistas de selección de candidaturas, o bien de aquellos que deriven de los Convenios de Coalición.

Al resolver la contradicción de criterios SUP-CDC-8/2015, la Sala Superior determinó que:

"(...) no es posible establecer que la inclusión en el convenio de coalición de la mención del partido político al que pertenece originalmente cada uno de los candidatos registrados por la coalición y el señalamiento del grupo parlamentario o partido en el que quedarán comprendidos en caso de ser electos, en automático conduce a rebasar los límites del sistema de representación, sino que en todo caso, la ejecución del acuerdo deberá ajustarse por la autoridad administrativa electoral a los parámetros constitucionales para evitar la sobre y sub representación de los órganos legislativos."

(Énfasis añadido)

Así emitió la Jurisprudencia 29/2015:

"CANDIDATOS A CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR. PUEDEN SER POSTULADOS POR UN PARTIDO POLÍTICO DIVERSO AL QUE SE ENCUENTRAN AFILIADOS, CUANDO EXISTA CONVENIO DE COALICIÓN.-De lo previsto en los artículos 41, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, párrafo 1, inciso c), 23, párrafo 1, incisos c) y e), 34. párrafos 1 y 2, inciso d), 44 y 87, párrafo 6, de la Ley General de Partidos Políticos; y 2, párrafo 3 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se desprende que dentro de los fines de los partidos políticos se encuentra el de promover la participación del pueblo en la vida democrática del país, contribuir a la integración de la representación nacional y, como organizaciones de ciudadanas y ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al poder público, para lo cual se les reconoce libertad para definir su propia organización, así como la posibilidad de establecer mecanismos de selección de precandidatos y candidatos a cargos de elección popular. Bajo este contexto, los institutos políticos a través de un convenio de coalición pueden postular a militantes de otro partido coaligado como candidatos a cargos de elección popular, siempre que la ley y su normativa interna lo permita, ya que se trata de un mecanismo que hace posible el acceso de aquéllos al poder público."

(Énfasis añadido)

En su sentencia SUP-CDC-8/2015, la Sala Superior refrendó la libertad de autodeterminación y autoorganización de los partidos políticos, así como el derecho a la libre asociación política con la que cuentan las personas ciudadanas como una garantía fundamental que el Estado debe proteger.

"Esta Sala Superior advierte que el acuerdo del convenio de que se trata atiende fundamentalmente a la libertad de los partidos de postular candidatos conforme a sus Estatutos, así como al reconocimiento del ejercicio del derecho que tienen los ciudadanos de afiliarse a algún instituto político de manera libre e individual.

En efecto, lo que encierra la cláusula de mérito es un cambio de grupo parlamentario de los candidatos postulados en coalición, ya que al resultar triunfador en la elección, deja de pertenecer para efectos del parlamento a su partido de origen y se incorpora a otra fracción parlamentaria con los derechos y obligaciones inherentes a este último, esto es, adquiere el deber de cumplir los principios, plataforma, postulados, etcétera, del partido a cuya fracción parlamentaria se fijó en el convenio. Lo cual, no se aprecia que se encuentre restringido por alguna disposición constitucional o legal que expresamente lo establezca en ese sentido; en cambio, como se ha referido encuentra asidero en el principio de autodeterminación que se concede a los partidos políticos y en el reconocimiento de los ciudadanos del derecho de libre asociación política.(...)"

Es importante mencionar que la Sala Superior, al resolver el recurso de reconsideración SUP-REC-943/2018 y acumulados, ordenó estudiar la pertinencia de la vigencia de la jurisprudencia 29/2015 (que fue originada por el criterio sostenido en la contradicción de criterios SUP-CDC-8/2015), dada su concepción actual, como regla de amplio alcance, por sus implicaciones en el sistema de RP, en particular, el equilibrio en la distribución.

La Coordinación de Jurisprudencia del TEPJF, al analizar la pertinencia de continuidad de la Jurisprudencia 29/2015, consideró que el permitir a los partidos políticos coaligados que postulen candidaturas de otro partido, de suyo, afecte la finalidad del sistema de RP, ya que para ello es necesario que se actualicen diversos escenarios que no en todos los casos se presentan.

Esto es, para que se actualice ese supuesto, es necesario que al verificarse la sobrerrepresentación máxima, a partir de que se compare el número máximo de diputaciones de cada partido que podrán asignarse (identificado por el número de diputaciones que representan la votación nacional emitida más 8 puntos porcentuales), frente al número total de diputaciones de cada partido, tanto de MR como de RP (incluyendo los identificados conforme al convenio de coalición), uno de los partidos coaligados resulte sobre representado, pero no porque así lo permita o determine la jurisprudencia en cuestión, sino el propio sistema de RP.

Así, la Coordinación de Jurisprudencia, opinó que en tal caso como lo precisó la Sala Superior al resolver la contradicción de criterios SUP-CDC-8/2015, en el supuesto de que esa facultad de autodeterminación (que un partido coaligado pueda postular militantes de otro partido) genere sobre representación, la autoridad administrativa electoral deberá ajustar los parámetros constitucionales para evitar la sobre y sub representación de los órganos legislativos, o en su caso, como en el supuesto analizado, estará la autoridad jurisdiccional federal para hacer respetar los límites de la sobre y sub representación.

Por ello, en opinión de la citada Coordinación de Jurisprudencia, el permitir que los partidos coaligados postulen candidaturas de otros partidos no genera, en automático, que se rebasen los límites del sistema de representación.

Señaló que, además del criterio de la jurisprudencia 29/2015 que analizó, está lo previsto en el artículo 87, párrafo 6 de la LGPP, el cual señala que ningún partido político podrá registrar a una persona candidata de otro, salvo que exista coalición, por lo que a ningún fin llevaría abandonar la jurisprudencia en cuestión, dado que el criterio subsiste en ley, precisando que el abandono o interrupción de una jurisprudencia no puede analizarse en abstracto, sino que debe existir un caso concreto en el que así se determine.

Por otra parte, el veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, la Sala Superior del TEPJF, dictó sentencia en el recurso de reconsideración SUP-REC-934/2018 y acumulados, en la que confirmó el acuerdo INE/CG1181/2018 emitido por este Consejo General, por el que se efectuó el cómputo total, se declaró la validez de la elección de diputados por el principio de RP y se asignaron a los partidos políticos las diputaciones que les correspondieron para el periodo 2018-2021.

En este caso, los partidos PRI, PAN, PRD, PVEM, PT y Movimiento Ciudadano, medularmente, argumentaron que existió una postulación de candidaturas por un partido político distinto al que pertenecían, lo que introdujo una posible distorsión a los límites de sobrerrepresentación al aplicar el convenio de coalición y que, desde su perspectiva, existía la obligación del Consejo General de revisar al momento de la asignación de diputaciones de RP si era posible postular personas candidatas de distinto partido político en términos del convenio de coalición.

La Sala Superior del TEPJF desestimó los agravios por considerar que:

"[...] la Constitución federal y la legislación secundaria prevén un mecanismo de límites a la sobrerrepresentación en la integración de órganos colegiados, mediante el voto popular, el cual tiene la finalidad de garantizar que no exista una desproporción en la integración de los órganos de representación, al verificar que los escaños alcanzados por los partidos políticos por ambos principios sean proporcionales a la votación recibida.

Así, la autoridad administrativa electoral debe verificar si la correspondencia entre escaños que obtuvo cada partido con la votación que alcanzaron, están dentro de los referidos límites.

La Constitución y la LGIPE prevén que, en ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación nacional emitida.

De lo anterior, se obtiene que el Consejo General debe hacer la asignación de las diputaciones federales por el principio de representación proporcional, una vez determinado el número de escaños que corresponden a cada partido político que hubiera alcanzado el porcentaje mínimo.

Después, verificar si alguno de los participantes está dentro de los limites previstos en las fracciones IV y V de la Constitución, para lo cual es necesario considerar las constancias de mayoría de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa.

Así podrá obtener el número de curules que corresponden a cada partido político y podrá, calcular el total de diputaciones por ambos principios que les correspondan, para enseguida contrastar con relación la [sic] votación nacional emitida su representación en la Cámara de Diputados sea proporcional y dentro de los límites de sobrerrepresentación.

En el supuesto de que observe que uno o varios partidos políticos están fuera de los márgenes de tolerancia, debe hacer los ajustes necesarios, ya sea no asignándoles o dándoles las curules de representación proporcional necesarias para que estén dentro de los parámetros exigidos por la normativa electoral, sin que sea dable hacer un ajuste respecto a las diputaciones obtenidas por el principio de mayoría relativa, pues están fuera del procedimiento de asignación establecido en la Constitución Federal y en la LGIPE.

Por último, cabe precisar que de una interpretación sistemática y funcional del conjunto normativo que regula el sistema electoral, se permite establecer que los actos emitidos y llevados a cabo por las autoridades electorales correspondientes, en relación con el desarrollo de un Proceso Electoral, adquieren definitividad a la conclusión de cada una de las etapas en que dichos actos se emiten, lo cual se prevé con la finalidad esencial de otorgarle certeza al desarrollo de los comicios, así como seguridad jurídica a los participantes en los mismos.

Sin que lo anterior implique que el citado principio sea absoluto, pues como lo ha determinado esta Sala Superior, en determinados casos cuando haya una manifiesta vulneración grave a los principios constitucionales, los actos reclamados pueden llegar a ser revisados, al constituir esto una excepción al mencionado principio."

(Énfasis añadido)

Al dar la solución al caso concreto, la Sala Superior del TEPJF expuso lo siguiente:

"Por otra parte, tampoco les asiste la razón a los recurrentes cuando aducen que:

a)Que existe una postulación de candidatos por un partido político distinto al que pertenecen;

b)Que hay fraude a los límites de sobrerrepresentación al aplicar el convenio de coalición, y

c)Que había obligación del Consejo General de revisar al momento de la asignación de diputados de representación proporcional si era posible postular candidatos de distinto partido político en términos del convenio de coalición.

d)Que la responsable no tomó en cuenta las normas del derecho internacional, en especial, el Código de Buenas Prácticas en Materia Electoral, en el sentido de que no tenía la obligación de conocer al momento de la suscripción del convenio de coalición la verdadera filiación partidaria de los candidatos postulados con ese instrumento.

Los anteriores planteamientos de los recurrentes, llevan a modificar o dejar de aplicar lo convenido por los partidos coaligados, respecto a quienes se les debe adjudicar los triunfos obtenidos en las diputaciones por el principio de mayoría relativa, y tal circunstancia no es posible en razón de la definitividad de las etapas electorales.

En tanto que no está demostrado con los elementos probatorios necesarios, una vulneración grave a los principios constitucionales que permitan a esta Sala Superior considerar que existe una excepción al principio de definitividad.

En efecto, la aprobación del convenio de coalición se da durante la fase de preparación de la elección, en el presente Proceso Electoral transcurrió del siete de septiembre de dos mil diecisiete al treinta de junio de dos mil dieciocho, pues la Jornada Electoral tuvo verificativo el primero de julio pasado. [...]"

"De lo expuesto se obtiene que tales actos forman parte de la etapa de preparación de la elección; en consecuencia, toda vez que ésta concluyó al inicio de la Jornada Electoral celebrada el primero de julio del presente año, con base en el principio de definitividad de las etapas electorales constitucionalmente previsto, lo determinado por los partidos políticos con relación a quienes les corresponderían los triunfos obtenidos en las diputaciones por el principio de mayoría relativa no pueden ser modificados, como lo pretenden los recurrentes, pues ello implicaría afectar el bien jurídico protegido consistente en la seguridad jurídica y la certeza en cuanto a que, al concluir la etapa de preparación de la elección, los actos y resoluciones ocurridos durante la misma que hayan surtido plenos efectos y no se hayan revocado o modificado dentro de la propia etapa, deberán tenerse por definitivos y firmes con el objeto de que los partidos políticos, ciudadanos y autoridades electorales se conduzcan conforme a ellos durante las etapas posteriores, como lo es, la asignación de diputados por el principio de representación proporcional.

(...)

Al respecto, esta Sala Superior considera que la definitividad de las etapas del proceso es en principio esencial para el desarrollo del mismo y, en última instancia, garantiza de manera plena los derechos político-electorales de la ciudadanía.

Lo anterior, puesto que, la definitividad a la conclusión de cada una de las etapas en que dichos actos se emiten atiende a la finalidad esencial de otorgarle certeza al desarrollo de los comicios, así como seguridad jurídica a los participantes.

En la misma medida, es necesario reconocer que, la definitividad cuenta con ciertas excepciones cuando los actos de autoridad trastoquen valores fundamentales en la materia electoral, esto es, al estar referidas a la posible vulneración de principios y valores constitucionalmente reconocidos como indispensables para todo Proceso Electoral. Lo cual, en el caso particular, no se presenta, pues no se advierte la transgresión a valores esenciales que afectaran la elección a las diputaciones federales por el principio de representación proporcional.

Lo anterior, pues como ha sido explicado, la celebración del convenio de Coalición fue revisado y autorizado por el INE, luego, se llevó la Jornada Electoral y este órgano jurisdiccional resolvió los medios de impugnación vinculados con los resultados de los candidatos por mayoría relativa, sin que se advierta ni se demuestre la transgresión que justificara una excepción al principio de definitividad.

En este sentido, esta Sala Superior no advierte del material probatorio que obra en autos, que existan hechos por los cuales se pudiera considerar que hay una transgresión a los principios de representación proporcional, de certeza y equidad, como lo aluden los recurrentes."

(Énfasis añadido)

Asimismo, al resolver el recurso de reconsideración SUP-REC-943/2018 y acumulados, la Sala Superior del TEPJF determinó lo siguiente:

"b. Decisión y justificación.

Apartado B. ¿La coalición "Juntos Haremos Historia" en su conjunto está sobrerrepresentada (como si fuera un solo partido)?

a. Planteamiento

Los recurrentes, por otro lado, sostienen que la asignación de diputados es indebida, porque, si se analiza la representación que tiene la Coalición Juntos Haremos Historia o los partidos que la integran en su conjunto, como si se trata de uno solo, podría advertirse que está sobrerrepresentada.

Esto, porque, a su parecer, los partidos integrantes de la coalición "Juntos Haremos Historia", en conjunto, obtuvieron aproximadamente el 45% de la votación para diputaciones federales, sin embargo, tienen un número de diputados que representa aproximadamente el 60% de las curules de la cámara de diputados, lo que excede el límite constitucional del 8% de sobrerrepresentación.

b. Decisión

No asiste razón a los recurrentes, porque para efectos de evaluar la sobrerrepresentación, no es posible considerar a la Coalición Juntos Haremos Historia como una unidad o como si fuera un solo partido político, en atención a que el sistema electoral está dispuesto, al menos, desde la reforma constitucional de 2014, para evaluar el desempeño de los partidos políticos en lo individual, a efecto de determinar su representatividad, y en ese sentido se ha pronunciado esta Sala Superior.

c. Justificación

En efecto, el límite de la sobrerrepresentación está referido a los partidos políticos en lo individual, en función del origen de los candidatos y del grupo parlamentario al que pertenecerán de resultar electos y, no así a todos los partidos políticos que conforman la coalición.

Lo anterior, porque el diseño constitucional y legal previsto para la asignación de diputados federales por el principio de representación proporcional está referido para que concurran en la distribución correspondiente única y exclusivamente los partidos políticos, puesto que la participación de la coalición solo está prevista para efecto de contender para las diputaciones federales por el principio de mayoría relativa, sin que de ello se derive alguna posibilidad de que también a la coalición le sean asignadas diputaciones por el principio de representación proporcional. Incluso, en ese sentido se ha pronunciado la Sala Superior al señalar "que la asignación de diputados por el principio de representación proporcional sólo se hará a los partidos políticos y, no así a las coaliciones, de lo que se deriva por consecuencia, que los límites de sobrerrepresentación solo se aplicarán a aquellos.(4)

Esto, sin que sea obstáculo que los partidos políticos que conforman una coalición puedan en caso de cumplir con los requisitos correspondientes y, principalmente con el relativo a que no se ubiquen en el supuesto de sobrerrepresentación, ser considerados para la asignación de diputados por el principio de representación proporcional.

Así, la operatividad del límite de sobre-representación tiene lugar en la fase de asignación de las diputaciones por el principio de representación proporcional, a fin de lograr una integración plural que refleje los distintos signos de ideología política que integran a la sociedad, permitiendo que los ciudadanos que votaron por determinada opción política se vean representados en el órgano de gobierno.

La asignación de diputados por el principio de representación proporcional está diseñada única y exclusivamente para los partidos políticos, sin contemplar a las coaliciones motivo por el cual los límites a la sobrerrepresentación sólo pueden aplicarse a los partidos políticos, en tanto que las coaliciones no participan de la referida asignación de curules por el principio de representación proporcional. Al resultar ineficaces e infundados los agravios del recurrente, se confirma, en la materia de controversia la resolución impugnada."

(Énfasis añadido)

Cabe resaltar que derivado del análisis de los agravios, y en virtud de que en la justificación la Sala Superior del TEPJF determinó que "...el límite de la sobrerrepresentación está referido a los partidos políticos en lo individual, en función del origen de los candidatos y del grupo parlamentario al que pertenecerán de resultar electos" y, no así a todos los partidos políticos que conforman la coalición, en el apartado D de la propia sentencia, la misma Sala Superior ordenó los siguiente:

"Apartado D. Deber de revisión de continuidad de la jurisprudencia.

El sentido de confirmar el acuerdo en el que se asignan diputados de representación proporcional, en cuanto a considerar correcto el análisis de la sobrerrepresentación de los partidos de la coalición, en el caso, se basa, válidamente, en la identificación de los diputados de mayoría conforme al origen y grupo parlamentario acordado en el convenio de coalición, conforme a la jurisprudencia: CANDIDATOS A CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR. PUEDEN SER POSTULADOS POR UN PARTIDO POLÍTICO DIVERSO AL QUE SE ENCUENTRAN AFILIADOS, CUANDO EXISTA CONVENIO DE COALICIÓN, sin que pudiera ser analizado dicho convenio, debido a que se emitió en una fase previa, y para garantizar el principio de definitividad y a la vez proteger el valor de la certeza. Sin embargo, este Tribunal considera que dicha jurisprudencia debe ser objeto de valoración y análisis por parte de la Comisión de Jurisprudencia, en cuanto órgano técnico de este Tribunal, por su concepción actual, como regla de amplio alcance, por sus implicaciones en el sistema de representación proporcional, en particular, el equilibrio en la distribución.

Por tanto, se considera procedente ordenar a la Coordinación de Jurisprudencia, Seguimiento y Consulta de este Tribunal Electoral que revise y analice la continuidad de la jurisprudencia, a efecto de que proponga al pleno la determinación que en Derecho proceda.

Por lo que dicho órgano técnico especializado de este Tribunal deberá tomar en consideración que el objetivo de todo sistema de representación proporcional consiste precisamente en lograr la mejor proporcionalidad posible entre votos y cargos.

De ahí que lo procedente sea ordenar que la Coordinación de Jurisprudencia estudie la pertinencia de la continuidad de la jurisprudencia, para que el resultado de su estudio sea sometido en su oportunidad al Pleno de esta Sala Superior."

(Énfasis añadido)

Según se ve, la Sala Superior del TEPJF advirtió la compleja situación que se presenta en la asignación de diputaciones por el principio de RP, toda vez que la jurisprudencia 29/2015 (en la cual se reconoce que a través del convenio de coalición los partidos políticos puedan postular personas militantes de otro partido coaligado a una candidatura de elección popular) y la regla consistente en que los límites a la sobrerrepresentación sólo pueden aplicarse a los partidos políticos, en tanto que las coaliciones no participan de la referida asignación de curules por el principio de representación proporcional, en los hechos, estaban generando una distorsión que impedía alcanzar la finalidad del principio de RP (el equilibrio en la distribución de las curules, con el objeto de alcanzar la mejor proporcionalidad posible entre votos y cargos).

En el Dictamen formulado por la Coordinación de Jurisprudencia, Seguimiento y Consulta se arribó a la conclusión de que la Jurisprudencia 29/2015 debía seguir vigente, con base en las razones siguientes:

"La Coordinación de Jurisprudencia, Seguimiento y Consulta estima que la jurisprudencia 29/2015 de rubro: "CANDIDATOS A CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR. PUEDEN SER POSTULADOS POR UN PARTIDO POLÍTICO DIVERSO AL QUE SE ENCUENTRAN AFILIADOS, CUANDO EXISTA CONVENIO DE COALICIÓN", debe seguir vigente en atención a las razones que se exponen a continuación.

En nuestra opinión el criterio sostenido en la jurisprudencia bajo análisis, por sí mismo, no genera una afectación a la proporcionalidad de la asignación, pues de su contenido no se advierte que genere, de manera directa, que un partido político obtenga una mayor representatividad de la que realmente le correspondería si se considerara el origen partidario de los ciudadanos postulados por una coalición.

Esto es así, porque el criterio que contiene la jurisprudencia consiste, en esencia, que los institutos políticos a través de un convenio de coalición puedan postular a militantes de otro partido coaligado como candidatos a cargos de elección popular, siempre que la ley y su normativa interna lo permita. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 de la Constitución Federal, que permite a los partidos políticos gozar de la libertad para definir su organización, así como la posibilidad de establecer los mecanismos de selección de precandidatos y candidatos a cargos de elección popular, de manera que tienen completa libertad para postular, a través de sus procedimientos estatutarios, a los ciudadanos o militantes que determinen, sin restricciones.

Sin que sea óbice para arribar a lo anterior, que en algunos supuestos muy particulares como el que se analizó en el SUP-REC-943/2018 y acumulados, el permitirles a los partidos coaligados que postulen a candidatos de otro partido, se afecte la finalidad del sistema de representación proporcional, ya que para ello es necesario que se actualicen diversos escenarios que no en todos los casos se presentan.

Esto es, para que se actualice el supuesto antes mencionado, es necesario que al verificarse la sobre representación máxima, a partir de que se compare el número máximo de diputados de cada partido que podrán asignarse (identificado por el número de diputados que representan la votación nacional emitida más 8 puntos porcentuales), frente al número total de diputados de cada partido, tanto de mayoría como de representación proporcional (incluyendo los identificados conforme al convenio de coalición), uno de los partidos coaligados resulte sobre representado, pero no porque así lo permita o determine la jurisprudencia en cuestión, sino el propio sistema de representación proporcional.

Ahora bien, en todo caso, tal como lo precisó la Sala Superior al resolver el SUP-CDC-8/2015 que dio origen a la jurisprudencia que se analiza, en el supuesto de que esa facultad de autodeterminación (que un partido coaligado pueda postular a militantes de otro partido) genere una sobre representación, la autoridad administrativa electoral deberá ajustar los parámetros constitucionales para evitar la sobre y subrepresentación de los órganos legislativos o, en su caso, como en el supuesto que se analiza, estará la autoridad jurisdiccional federal para hacer respetar los límites de la sobre y subrepresentación.

De conformidad con lo anterior, en nuestra opinión, el permitir que los partidos coaligados postulen a candidatos de otros partidos no genera, en automático, que se rebasen los límites del sistema de representación.

Además de lo anterior, el criterio sostenido en la jurisprudencia que se analiza está previsto también en el artículo 87, párrafo 6, de la Ley General de Partidos Políticos, al señalar que ningún partido político podrá registrar a un candidato de otro, salvo que exista coalición, por lo que a ningún fin llevaría abandonar la jurisprudencia en cuestión, dado que el criterio subsiste en la ley. Por último, cabe mencionar que el abandono o interrupción de una jurisprudencia no puede analizarse en abstracto, sino que debe existir un caso concreto en el que así se determine.

En efecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 234 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la jurisprudencia del Tribunal Electoral se interrumpirá y dejará de tener carácter obligatorio, siempre y cuando haya un pronunciamiento en contrario por mayoría de cinco votos de los miembros de la Sala Superior. En la resolución respectiva se expresarán las razones en que se funde el cambio de criterio, el cual constituirá jurisprudencia cuando en tres sentencias no interrumpidas por otra en contrario, se sostenga el mismo criterio.

Lo anterior implica que, para interrumpir una jurisprudencia, debe existir pronunciamiento en sentencia y por lo menos cinco magistrados expresen su conformidad, lo cual no acontece en el presente caso."

Es relevante la conclusión, porque en ella claramente se reitera el criterio de la Sala Superior, en el sentido de que la permisión de que un partido coaligado pueda postular a personas militantes de otro partido, por sí misma, no genera una sobre representación y que corresponde a la autoridad administrativa electoral, en un primer momento, ajustar su propio acuerdo de asignación de diputaciones plurinominales a los parámetros constitucionales para evitar la sobre o sub representación de los órganos legislativos, cuestión que se establece en el Acuerdo INE/CG645/2023, y, en su caso, a la autoridad jurisdiccional, cuando se presente para su análisis un caso concreto, en el cual, incluso, se puede apartar de la jurisprudencia.

Incluso, en la sentencia recaída al recurso de reconsideración identificado con la clave SUP-REC-95/2017 y acumulados, por unanimidad de votos, la Sala Superior del TEPJF determinó lo siguiente:

"Pues bien, la implementación del principio de representación proporcional al régimen democrático representativo, se materializa por conducto del derecho al sufragio en ambas vertientes -a votar y ser votado-, en tanto que la asignación de las curules a cada partido político o coalición se realiza de modo proporcional al número de votos emitidos en su favor, por lo que, se asegura que los institutos políticos que aun cuando no hayan obtenido el triunfo en las elecciones, muestren una representatividad importante en las preferencias del electorado, sí cuenten con representantes que asuman el cargo como expresión del pluralismo político. Luego, visto desde esta vertiente constitucional, el derecho al sufragio en conjunción con el principio de asignación de curules o escaños por el principio de representación proporcional, produce al menos, dos consecuencias jurídicas medulares:

1. Que se elijan a representantes de elección popular propuestos en listas por los partidos políticos, de manera proporcional al número de votos que cada partido o coalición obtuvo; y,

2. Que dichos candidatos ocupen y ejerzan el cargo material y jurídicamente, con la finalidad de que impere el pluralismo político en la composición del órgano legislativo correspondiente.

Como puede apreciarse nítidamente, el derecho al voto -en ambas vertientes para acceder a un cargo de elección popular, es el elemento eficiente para concretizar el sistema democrático-representativo y el principio de pluralismo político [...]"

Finalmente, al resolver el SUP-REC-941/2018 y sus acumulados, la Sala Superior del TEPJF conoció de otro asunto, referente a la asignación de diputaciones del Congreso local del Estado de México, en el que también se impugnó una sobrerrepresentación atribuible a la coalición "Juntos haremos historia", integrada por los Partidos del Trabajo, otrora Encuentro Social y morena, en donde inicialmente, el Tribunal Electoral Local determinó que debía tomarse a los tres partidos integrantes de la coalición como una unidad al momento de verificar los límites de sobre representación y a partir de ello realizar una redistribución de las curules de RP entre los partidos minoritarios.

Posteriormente, si bien la Sala Regional Toluca no compartió los argumentos ni las fórmulas de asignación empleadas por el Tribunal Local, sí consideró que se debía atemperar el efecto distorsionador causado por el convenio de coalición en mayoría relativa, con base en el cual se habían sobrepasado los límites de sobrerrepresentación, por lo que resultaba justificable asignarle a morena sólo la cantidad suficiente para que entrara en el límite de subrepresentación permitido por la CPEUM, ya que, desde el convenio de coalición se ubicó en una posición de "subrepresentación consentida".

En última instancia, la Sala Superior del TEPJF señaló que el concepto de "subrepresentación consentida", adoptado por la Sala Toluca, no tiene asidero jurídico alguno, es decir, no está previsto en ninguna norma de la Legislación Electoral aplicable del Estado de México, sino que es producto de la interpretación realizada por la Sala responsable, en torno al contexto del caso y a los hechos de éste.

Finalmente, se pronunció categóricamente respecto a que no es posible concluir que los partidos que integran una coalición en realidad conforman una unidad para efectos de la asignación de RP, toda vez que la ley electoral circunscribe la participación en ella a los partidos políticos en lo individual, y no así a las coaliciones como unidad.

Conclusiones de los apartados anteriores

18.Lo hasta aquí expuesto pone en evidencia las siguientes situaciones:

Desde la Reforma Electoral de 1977 a la fecha sigue vigente la finalidad del principio de RP en la Constitución, en las leyes y en las distintas sentencias emitidas por las máximas autoridades jurisdiccionales. Esto significa que continúa vigente el objetivo de este principio que consiste en proteger la expresión electoral cuantitativa de las minorías políticas y garantizar su participación en la integración del órgano legislativo, según su representatividad, a efecto de reproducir, en la medida de lo posible, el grado de preferencias electorales obtenidas por cada una de las opciones políticas contendientes en la integración de los órganos de representación.

Lo anterior con la finalidad de dar una representación más adecuada a todas las corrientes políticas relevantes que se manifiestan en la sociedad, para garantizar, en una forma más efectiva, el derecho de participación política de las minorías y, finalmente, para evitar los efectos extremos de distorsión de la voluntad popular, que se pueden producir en un sistema de mayoría simple.

La reforma constitucional y legal del año 1996 reforzó este presupuesto, al ajustar el tope para que el límite máximo fuera de 300 diputaciones y al incluir como directriz constitucional que, en ningún caso, un partido político podría contar con un número de diputados por ambos principios que representaran en un porcentaje del total de la Cámara que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación nacional emitida.

La intención del constituyente volvió a hacerse evidente en la reforma constitucional de 2014 cuando se modificó el artículo 116 constitucional en materia de sobre y subrepresentación para extender, en el mismo espíritu del artículo 54 fracción V, la prohibición de que en los Congresos de las entidades federativas se diera una distorsión en la representación de la voluntad popular que superara los ocho puntos entre la votación recibida y los diputados asignados. La disposición es clara, por ningún motivo, ni el congreso federal ni los congresos estatales pueden contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación nacional emitida.